Una tienda de armas del estado de Washington está impugnando la prohibición estatal de cargadores de munición de alta capacidad ante la Corte Suprema de EE. UU.
La tienda de armas está apelando una decisión del 8 de mayo de la Corte Suprema de Washington que confirmó la ley estatal ESSB 5078, que prohíbe la fabricación, distribución, importación y venta de cargadores de armas de fuego con capacidad para más de 10 cartuchos.
El entonces gobernador Jay Inslee elogió la ley después de que la Asamblea Legislativa del estado la aprobara en abril de 2023, calificándola de medida de seguridad pública.
"Estoy orgulloso de que este año hayamos aumentado la responsabilidad de los fabricantes y distribuidores", declaró el gobernador demócrata en un comunicado en ese momento. "Estas entidades comerciales desempeñan un papel crucial para mantener nuestras comunidades a salvo de la violencia armada".
La Corte Suprema de EE. UU. inscribió la nueva petición en el caso Gator's Custom Guns Inc. contra el Estado de Washington el 8 de agosto.
El demandante, Gator's Custom Guns, con sede en Kelso (Washington), lleva más de dos décadas vendiendo cargadores con capacidad para más de 10 cartuchos, según la petición.
En julio de 2023, el fiscal general de Washington emitió una "demanda de investigación civil" alegando que la tienda continuó vendiendo cargadores de gran capacidad después de que la ley entró en vigor.
La tienda alegó que la prohibición violaba tanto la Constitución estatal como la federal.
Una corte estatal dio la razón a la tienda, al considerar que los cargadores de gran capacidad eran armas que son “comúnmente y legalmente poseídas por ciudadanos respetuosos de la ley para fines legítimos”, según la petición.
La Corte Suprema de Washington revocó esa decisión en un fallo de 7 a 2 el 8 de mayo. Los cargadores de gran capacidad no son "armas" según la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, dictaminó la corte.
“No son armas; son accesorios de armas, o accesorios”. Los cargadores no son “armas” en el sentido constitucional porque están diseñados para ser adjuntos a un arma... [y] no están diseñados para usarse como armas por sí mismos”.
Según la petición, el fallo de la Corte Suprema de Washington no es consistente con el fallo histórico de la Corte Suprema de EE. UU. en New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen en 2022. Bruen dictó que las restricciones a las armas deben tener un análogo histórico y que la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas en público para defensa personal.
La petición afirma que la decisión de Bruen dejó claro que la Segunda Enmienda define “armas” para incluir “todos los ‘instrumentos portables que facilitan la autodefensa armada’”. A pesar de este hallazgo, la Corte Suprema estatal sostuvo que “no todos los instrumentos que ‘pueden ser razonablemente usados para la defensa personal’ son... armas”.
La Corte Suprema estatal también sostuvo que el derecho a comprar cargadores de gran capacidad “no es uno de los derechos auxiliares necesarios para la realización del derecho fundamental de portar armas en defensa personal”.
Un derecho auxiliar es un derecho complementario o suplementario que garantiza un derecho principal.
La Corte Suprema del estado consideró que existe un "derecho a comprar armas", así como un “derecho a adquirir municiones”. Sin embargo, sostuvo que la capacidad de comprar cargadores de gran capacidad “no es necesaria para el derecho fundamental de poseer un arma para defensa personal” y, por lo tanto, no está protegido.
Si "un arma semiautomática sigue siendo capaz de disparar... un cartucho cada vez", "los individuos aún pueden ejercer el derecho fundamental a portar armas", afirma la petición.
La tienda de armas instó a la Corte Suprema de EE. UU. a aceptar su apelación para resolver una discrepancia entre las cortes federales de apelaciones y las cortes supremas estatales sobre si los cargadores de gran capacidad son “armas” dentro del significado de la Segunda Enmienda.
El fallo de la Corte Suprema de Washington es “manifiestamente erróneo”, según la petición.
“Privar a las armas de cualquier protección constitucional desde el umbral” tiene el efecto de desarmar al pueblo estadounidense y despojarlo “de sus derechos inalienables”, dijo.
La Corte Suprema de EE. UU. ordenó al estado presentar una respuesta a la petición antes del 8 de septiembre.
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