Una jueza federal impidió el martes la aplicación de una disposición de la Ley One Big Beautiful Bill (Una gran y hermosa ley), la principal legislación fiscal y de política interna del presidente, que habría eliminado la financiación de Medicaid a Planned Parenthood y a los socios locales que ofrecen servicios de aborto en 22 estados.
La jueza federal de distrito Indira Talwani, en Boston, se pronunció a favor de los fiscales generales demócratas que presentaron una demanda contra la medida, argumentando que crea una condición inconstitucional para la participación de los estados en Medicaid.
Aplazó la medida cautelar durante siete días para dar tiempo para presentar un recurso.
Talwani describió la ley como "inadmisiblemente ambigua" y dijo que, en esencia, "aumentaría el porcentaje de pacientes que no pueden recibir anticonceptivos y pruebas preventivas, lo que causaría un aumento de los costos médicos de los estados".
Talwani ya había bloqueado la ley por motivos diferentes en otra demanda de Planned Parenthood. Sin embargo, una corte federal de apelaciones suspendió esa decisión en septiembre, permitiendo que la medida siguiera adelante.
La cláusula en cuestión de la Ley Una Gran y Hermosa Ley, aprobada por el Congreso en julio, prohíbe los reembolsos de Medicaid a las organizaciones exentas de impuestos que ofrecen servicios de planificación familiar y salud reproductiva si realizan abortos y recibieron más de 800,000 dólares en fondos de Medicaid durante el año fiscal 2023.
Planned Parenthood declaró que al menos 20 centros de salud han cerrado desde septiembre, cuando la corte de apelación permitió que la ley siguiera adelante.
Según el informe anual 2023-2024 de Planned Parenthood, casi el 40 % de sus ingresos totales proviene de fuentes gubernamentales, lo que supone más de 792 millones de dólares. La organización realizó 402,230 abortos durante ese año fiscal, según el informe. Sin embargo, el uso de fondos gubernamentales para abortos está prohibido por la Enmienda Hyde.
La orden de Talwani destaca la afirmación de los estados de que la disposición viola el debido proceso al cambiar las condiciones de financiación en medio de un programa.
El 29 de julio, los fiscales generales que representan a 20 estados —y posteriormente a 22, tras la incorporación de dos más—presentaron una demanda para impedir que la medida entrara en vigor, argumentando que debilita la autonomía de los estados en materia de salud.
La demanda se presentó tras la orden judicial preliminar inicial de Talwani del 28 de julio en un caso relacionado, que protegió temporalmente a Planned Parenthood de los recortes.
En ese caso, Talwani concedió parcialmente la solicitud de Planned Parenthood de suspender la aplicación de la ley, destacando la preocupación por las pérdidas repentinas de financiación, que podrían interrumpir los servicios para las pacientes que no se someten a abortos y para las personas y familias de bajos ingresos.
Una corte de apelaciones decidió en septiembre poner fin al bloqueo de Talwani, permitiendo que se iniciara el recorte de fondos.
También en septiembre, una sede de Planned Parenthood en Wisconsin anunció que dejaría de realizar abortos en varios centros como consecuencia de los recortes, señalando la presión financiera. Las autoridades estatales expresaron su preocupación por el posible incremento de embarazos no deseados y la sobrecarga de los recursos de salud pública.
Con información de Reuters.
