Un inmigrante ilegal con antecedentes penales, que había sido expulsado de Estados Unidos en cuatro ocasiones, fue detenido por atropellar y darse a la fuga tras matar a un niño de 11 años en California, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 2 de diciembre.
El 26 de noviembre, el niño intentaba recuperar un balón de fútbol fuera de su casa cuando fue atropellado por el vehículo, según el departamento. El conductor, Héctor Balderas-Aheelor, de nacionalidad mexicana, presuntamente se dio a la fuga, y Aiden Antonio Torres De Paz falleció a causa de sus heridas la mañana siguiente, el Día de Acción de Gracias.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención migratoria contra Balderas-Aheelor ante la Oficina del Sheriff de San Diego.
Las órdenes de detención migratoria son solicitudes del ICE a agencias policiales federales, estatales o locales para que notifiquen antes de liberar a un inmigrante susceptible de ser deportado, o para que lo retengan hasta 48 horas después de su liberación, de modo que el DHS pueda hacerse cargo de él.
Aunque el ICE emitió una orden de detención, la agencia dijo que no espera que se cumpla debido a que California es un estado santuario.
En estas jurisdicciones santuario, funcionarios locales o estatales se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración. Según una lista del Departamento de Justicia (DOJ), 12 estados y 18 jurisdicciones locales importantes del país siguen políticas santuario, incluida California.
"Esta lista no es exhaustiva y se actualizará a medida que las autoridades federales recopilen más información", afirmó el DOJ el 5 de agosto en un comunicado.
El DHS señaló que, a pesar de las leyes de santuario de California, continuará con sus esfuerzos para retirar a delincuentes de las calles.
"El Día de Acción de Gracias debería ser un día para celebrar la familia y dar gracias, pero en su lugar, la familia de Aiden Antonio Torres De Paz lloró la muerte de este hermoso niño porque un delincuente extranjero ilegal le robó la vida. Ahora, las leyes de santuario amenazan con devolver a este asesino a las calles de California", afirmó la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin.
"Héctor Balderas-Aheelor había sido expulsado CUATRO veces antes de decidir cometer un delito grave y volver a entrar ilegalmente en el país por quinta vez. Gavin Newsom, le pedimos que haga lo correcto y respete la orden de detención de ICE".
El DHS no ha informado si Balderas-Aheelor cuenta con representación legal.
En una declaración del 1 de diciembre, el DHS planteó el problema de las políticas de santuario que interfieren con las actividades de inmigración en Nueva York.
Según el departamento, Nueva York se ha negado a cumplir las órdenes de detención del ICE, lo que ha dado lugar a la liberación de 6947 inmigrantes ilegales con antecedentes penales desde el 20 de enero. Los delitos cometidos por estas personas incluyen agresiones, homicidios, robos, delitos relacionados con drogas, armas y delitos sexuales.
Actualmente, hay 7113 extranjeros bajo custodia en una jurisdicción de Nueva York con una orden de detención activa. Los delitos de estos extranjeros contabilizan 148 homicidios, 717 agresiones, 134 robos, 106 atracos, 235 delitos relacionados con drogas peligrosas, 152 delitos relacionados con armas y 260 delitos sexuales.
Ha habido otros casos de inmigrantes ilegales que vuelven a entrar en Estados Unidos después de ser expulsados y cometen delitos.
El 18 de noviembre, el DHS anunció que había emitido una orden de detención para un inmigrante ilegal hondureño acusado de "crueldad hacia un niño y actos lascivos con un menor".
Fue detenido inicialmente en 2005, deportado ese mismo año, volvió a entrar y fue expulsado nuevamente en 2019, siendo esta su tercera entrada ilegal al país.
The Epoch Times se puso en contacto con el gobernador de California, Gavin Newsom, para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de esta publicación.
Demandas por la política de santuario
La administración Trump ha presentado demandas contra jurisdicciones que aplican políticas de santuario.El 25 de julio, la jueza federal Lindsay Jenkins desestimó una demanda contra Illinois y afirmó que, aunque las acciones estatales y locales obstaculizaran la aplicación de la ley federal, no actuaban ilegalmente debido a las facultades que la Décima Enmienda otorga a los estados.
El 29 de septiembre, el Departamento de Justicia demandó a Minnesota y a funcionarios estatales alegando que el estado, las ciudades de Minneapolis y St. Paul, y el condado de Hennepin se negaron a cooperar con funcionarios federales de inmigración.
En ese momento, el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, criticó las acciones de la administración Trump.
"Los empleados municipales no trabajamos para el presidente, trabajamos para las personas que viven aquí. Apoyaremos a nuestros vecinos inmigrantes y refugiados, independientemente del número de reclamaciones inconstitucionales que presente la Casa Blanca".
Mientras tanto, más de 527,000 inmigrantes ilegales han sido expulsados de Estados Unidos bajo la administración Trump, según informó el DHS el 27 de octubre.
Más del 70 por ciento de los arrestos de ICE son de inmigrantes ilegales criminales acusados o condenados por un delito en los Estados Unidos, dijo el departamento.
"Los alborotadores y los políticos santuario no han disuadido a ICE o CBP [Aduanas y Protección Fronteriza] en su misión de proteger la patria de aquellos que no tienen derecho a estar en Estados Unidos", afirmó.
"Día tras día, las fuerzas de seguridad del DHS están eliminando a los peores inmigrantes ilegales criminales de las comunidades estadounidenses".
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