El 9 de junio, un juez federal de Texas se convirtió en el último en sostener que el presidente Donald Trump había aplicado indebidamente la Ley de Enemigos Extranjeros al intentar expulsar de Estados Unidos a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
En una opinión de 56 páginas, el juez federal David Briones afirmó que Trump violó la garantía constitucional del debido proceso y no demostró que el Tren de Aragua (TdA) estuviera involucrado en el tipo de invasión que permite a los presidentes invocar dicha ley. Sus comentarios se hicieron eco de los de otros tres jueces federales, pero entraron en conflicto con al menos uno de Pensilvania.
La orden judicial permanente de Briones se suma a otras sentencias que podrían llevar a la Corte Suprema a intervenir de nuevo en esta cuestión. Hasta ahora, el máximo tribunal del país se ha abstenido de pronunciarse sobre si Trump invocó inválidamente la ley con una proclamación en marzo. En cambio, aclaró el tipo de debido proceso que Trump debe garantizar a las personas a las que pretende expulsar del país.
En marzo, el presidente describió al TdA como una organización que se estaba apoderando de Venezuela y perpetrando una «guerra irregular» contra Estados Unidos, en apoyo del supuesto objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las democracias de la región.
«El [TdA] ha participado y sigue participando en la migración ilegal masiva hacia Estados Unidos para promover sus objetivos de dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de América, incluido Estados Unidos», decía su proclamación.
Briones afirmó que, incluso si las afirmaciones de Trump sobre la banda fueran ciertas, su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros seguiría siendo ilegal. Una «incursión depredadora» o «invasión» en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros debe implicar la participación de un gobierno extranjero en una intrusión militarizada en Estados Unidos con el propósito de obtener el control del territorio, añadió Briones.
«La migración ilegal masiva o las actividades delictivas claramente no entran dentro de los límites legales [de la Ley de Enemigos Extranjeros]», afirmó.
Parte de su opinión citaba al juez federal Fernando Rodríguez, del Distrito Sur de Texas, que también había bloqueado las deportaciones del gobierno. Rodríguez afirmó que el uso de la palabra «invasión» por parte de Trump no se ajustaba al significado que tenía cuando se aprobó la ley en los inicios de la historia de Estados Unidos.
Además de Rodríguez y Briones, otros dos jueces federales de Colorado y Nueva York declararon ilegal el uso de la ley por parte de Trump. En Pensilvania, sin embargo, la decisión de la jueza federal Stephanie Haines respaldó el uso de la ley por parte de la administración.
En un opinión emitida el 13 de mayo, Haines señaló que el TdA fue designado como organización terrorista extranjera. Esa designación, dijo, «respalda firmemente las conclusiones... de que el TdA es un grupo cohesionado unido por el objetivo común de causar una perturbación significativa a la seguridad pública de Estados Unidos».
Sin embargo, señaló que la administración no había notificado la deportación a los detenidos con suficiente antelación y que no podía expulsar al ciudadano venezolano que había presentado la demanda a menos que le diera un preaviso de 21 días, entre otras cosas.
El gobierno sostiene que el poder judicial está invadiendo la autoridad de Trump como jefe del poder ejecutivo.
En el Distrito Central de California, el juez federal John Holcomb rechazó el alcance de las medidas del gobierno para evitar la revisión judicial de la autoridad de Trump en virtud de la ley. La opinión del juez también sugería que cree que sus colegas del poder judicial federal habían ido demasiado lejos al intentar definir la incursión o la invasión.
«Dado que la AEA le permite al presidente decidir si esos acontecimientos han tenido lugar, la AEA también concede necesariamente al presidente la facultad discrecional de decidir qué significan esos términos», dijo Holcomb la semana pasada.
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