Una corte federal de apelaciones restableció una ley de Arkansas que prohíbe los procedimientos de transición de género para personas menores de 18 años.
El 12 de agosto, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos votó por 8 a 2 a favor de revocar una sentencia de una corte inferior que consideraba que la ley era inconstitucional. La corte de apelaciones consideró que la ley no discrimina por motivos de sexo.
En 2021, la Asamblea General de Arkansas promulgó la Ley para Proteger a los Adolescentes de la Experimentación, que prohíbe a los profesionales de la salud realizar "procedimientos de transición de género a menores". La ley también prohíbe a esos profesionales referir a los menores para que se sometan a esos procedimientos, según la opinión mayoritaria del Octavo Circuito en el caso, conocido como Brandt v. Griffin.
La ley definió la derivación de menores a esos procedimientos como "conducta poco profesional... sujeta a medidas disciplinarias por parte de la entidad competente en materia de licencias o de la junta de revisión disciplinaria", y facultaba al fiscal general del estado para hacer cumplir la ley, según el dictamen. La medida se convirtió en ley a pesar del veto del entonces gobernador Asa Hutchinson, republicano.
Cuatro menores, sus padres y dos profesionales sanitarios habían presentado una demanda para impedir que el fiscal general de Arkansas y la Junta Médica del Estado de Arkansas aplicaran la ley. Argumentaban que la ley estatal clasificaba a los pacientes en función del sexo, lo que era inconstitucional.
El juez federal de distrito James Moody dictó una orden judicial permanente que bloqueaba la aplicación de la ley, al considerar que la ley infringía la Primera Enmienda y la cláusula de igualdad de protección y el debido proceso de la 14ª Enmienda, según el dictamen.
El Octavo Circuito concluyó que la sentencia de Moody no era coherente con la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del 18 de junio en el caso Estados Unidos contra Skrmetti.
En ese caso, la Corte Suprema confirmó la prohibición de Tennessee del uso de bloqueadores de pubertad y hormonas del sexo opuesto para menores, fundamentada en la edad —y no en el sexo— del paciente. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que la cuestión no debía considerarse desde la perspectiva de la discriminación por motivos de sexo, lo que daría lugar a impugnaciones de las leyes estatales en virtud de la cláusula de igualdad de protección.
"Dado que la corte de distrito basó su orden judicial permanente en conclusiones jurídicas incorrectas, abusó de su discrecionalidad", reza el dictamen del Octavo Circuito.
El fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, acogió con satisfacción la sentencia.
"Aplaudo la decisión de la corte que reconoce que Arkansas tiene un interés apremiante en proteger la salud física y psicológica de los niños y me complace que los menores en Arkansas estén protegidos de procedimientos arriesgados y experimentales con consecuencias de por vida”, dijo en un comunicado.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que representaba a quienes impugnaban la ley, criticó la sentencia.
"Este es un resultado trágicamente injusto para las personas transgénero de Arkansas, sus médicos y sus familias", declaró Holly Dickson, directora ejecutiva de la ACLU de Arkansas, en un comunicado. “El estado tuvo todas las oportunidades y falló en cada intento de probar que esta ley ayuda a los niños; de hecho, es una ley peligrosa que los perjudica”.
La representante estatal de Arkansas Robin Lundstrum, patrocinadora de la legislación, dijo que estaba “encantada” con la sentencia del Octavo Circuito.
“Tu doctor tiene que darte el mejor consejo médico”, dijo Lundstrum a The Epoch Times en una entrevista.
Aconsejar a un menor para que se someta a procedimientos transgénero “no es el mejor consejo médico”.
"Ningún menor de 18 años es capaz de comprender ni de dar su consentimiento", dijo.
La nueva sentencia es coherente con el dictamen de la Corte Suprema en el caso Skrmetti y protegerá la salud de los menores, declaró Lundstrum.
Ella dijo que conoció a varios pacientes que se arrepentían de haberse sometido a los procedimientos. "Sufren una cantidad increíble de enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y osteoporosis".
La sentencia del Octavo Circuito se produjo después de que el presidente Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 14187 el 28 de enero.
En la orden, Trump declaró que el gobierno federal "no financiará, patrocinará, promoverá, ayudará ni apoyará la denominada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro, y aplicará rigurosamente todas las leyes que prohíben o limitan estos procedimientos destructivos y que alteran la vida".
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