México extraditó a Estados Unidos el 12 de agosto a 26 presuntos miembros de cárteles, entre los que se encuentran altos mandos de cárteles violentos calificados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en X que la extradición se llevó a cabo a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que ha garantizado que no solicitará la pena de muerte para los acusados.
Entre las personas entregadas a la custodia de Estados Unidos desde México se encuentran líderes del cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas.
Los 26 acusados se enfrentan a diversos cargos penales en Estados Unidos, entre ellos tráfico de drogas, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y el asesinato de un ayudante del sheriff.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, la fiscal general Pam Bondi expresó su gratitud al equipo de Seguridad Nacional de México por su cooperación en la extradición.
“Estos 26 hombres han contribuido a llevar la violencia y las drogas a las costas estadounidenses; bajo este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus delitos contra este país”, afirmó Bondi.
La extradición de México a Estados Unidos es la segunda de este tipo en lo que va de año, en un momento en que la Administración Trump intensifica sus esfuerzos para frenar el tráfico de drogas a través de la frontera.
En febrero, México entregó a Estados Unidos a 29 miembros de un cártel, entre ellos Rafael Caro Quintero, un narcotraficante presuntamente implicado en el asesinato de un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 1985.
La embajada estadounidense afirmó que la última extradición demostraba la "cada vez mayor cooperación" entre ambos países para hacer frente a la amenaza que representan las organizaciones terroristas transnacionales.
“Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de ambos países estarán más seguros frente a estos enemigos comunes”, dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un comunicado.
Trump aumentó los aranceles a las importaciones mexicanas para presionar al país a tomar medidas más enérgicas contra el tráfico de drogas, alegando que México no está haciendo lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo y los inmigrantes ilegales en la frontera.
El 31 de julio, anunciaron un aplazamiento de 90 días en el aumento de los aranceles estadounidenses sobre los productos mexicanos para dar tiempo a las negociaciones, pero dijeron que México seguiría enfrentándose a un impuesto general del 50% sobre el aluminio, el cobre y el acero, así como a un arancel del 25% sobre los automóviles.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó el 8 de agosto permitir que soldados estadounidenses realicen operaciones militares en México, tras la aparición de artículos que indican que Trump ha ordenado en secreto acciones militares contra cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas extranjeras.
"Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión", dijo Sheinbaum a los periodistas. "Eso está descartado, absolutamente descartado".
Con información de Ryan Morgan
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