Estados Unidos acordó comprar una flota de aviones comerciales Boeing 737 para llevar a cabo operaciones de expulsión de inmigrantes ilegales, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional el 10 de diciembre.
El DHS comprará seis aviones de este tipo a Daedalus Aviation Corporation, un proveedor externo, por unos USD 140 millones. El DHS afirmó que la compra y el uso de estos aviones para las operaciones de expulsión supondrá un coste menor que seguir utilizando aviones fletados, como hace actualmente.
"Esta nueva iniciativa supondrá un ahorro de USD 279 millones para los contribuyentes estadounidenses... Estos aviones permitirán [al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] operar de manera más eficaz, entre otras cosas, utilizando rutas de vuelo más eficientes", escribió en las redes sociales Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS. "El presidente [Donald] Trump y [la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem] se comprometieron a expulsar de nuestro país de forma rápida y eficaz a los inmigrantes ilegales que cometieron delitos".
La noticia de la compra fue publicada por primera vez por The Washington Post, al que McLaughlin criticó por no incluir en su artículo una referencia al ahorro estimado por el departamento. La compra se está financiando con fondos asignados en el Gran y Hermoso Proyecto de Ley (OBBBA por sus siglas en inglés), que Trump promulgó el 4 de julio.
La iniciativa de expulsar de Estados Unidos a los extranjeros que se encuentran en situación irregular es una de las principales prioridades de la segunda administración Trump, que comenzó el 20 de enero. Durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió repetidamente en mítines y en mensajes de campaña que pondría en marcha la "mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos".
La administración utilizó múltiples recursos para llevar a cabo esta iniciativa, entre ellos la asignación de agentes federales y funcionarios de otras agencias, como el FBI, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el Servicio de Seguridad Diplomática y los Investigadores Criminales del Servicio de Impuestos Internos, para llevar a cabo operaciones de expulsión en virtud del título 8 del Código de los Estados Unidos. También utilizó recursos militares estadounidenses, incluidos aviones de transporte de la Fuerza Aérea, para trasladar a los deportados a países extranjeros.
La OBBBA asignó USD 75 mil millones al ICE para llevar a cabo operaciones de expulsión hasta el 30 de septiembre de 2029. Casi USD 30 mil millones de ese dinero pueden utilizarse para ampliar el transporte, contratar a más agentes de Operaciones de Ejecución y Expulsión y pagar a las unidades policiales estatales y locales por su ayuda en la detención y el encarcelamiento de presuntos inmigrantes ilegales.
