La administración Trump tomó medidas para abordar la falta de vivienda con una orden ejecutiva para recuperar instalaciones que acojan a personas con enfermedades mentales o adicción a las drogas.
El presidente Donald Trump emitió el 24 de julio una orden ejecutiva titulada “Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles de Estados Unidos”.
La administración afirma que la falta de vivienda crónica suele estar alimentada por la adicción y las enfermedades mentales, lo que ha provocado problemas de seguridad en muchas ciudades.
La Casa Blanca declaró que durante la última administración se registró un récord de más de 274,000 personas sin hogar.
La orden insta a los gobiernos locales a reorientar a las personas sin hogar hacia “centros institucionales de larga duración para recibir un trato humano mediante el uso adecuado de la internamiento civil”.
Se ha ordenado a los jefes de gabinete que den prioridad a la financiación de las ciudades que trabajan para abolir el consumo de drogas y el acampada en las calles.
La orden ejecutiva
La orden de Trump encarga a la fiscal general Pam Bondi y al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., que busquen la revocación de cualquier política a nivel federal, estatal o local que impida el ingreso de personas con discapacidad mental o adicción que viven en las calles en “centros adecuados durante períodos de tiempo apropiados”.La orden también redirige los fondos a centros de rehabilitación y tratamiento, e intenta “restablecer el orden público”, afirmando que “la vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos han hecho que nuestras ciudades sean inseguras”.
Trump pidió que se vuelva a la atención institucional a largo plazo, afirmando que es una solución más compasiva y segura tanto para las personas sin hogar como para las personas con las que interactúan en las ciudades estadounidenses.
La orden también destina recursos federales a subvenciones y otros programas no solo para financiar las instalaciones destinadas a alojar a las personas sin hogar, sino también para garantizar que los fondos para la prevención, el tratamiento y la recuperación de trastornos por consumo de sustancias se destinen únicamente a “programas basados en pruebas”.
Crítica a la orden
Algunos críticos de la orden afirman que los esfuerzos de la Administración serían contraproducentes.El Centro Nacional de Leyes sobre las Personas sin Hogar emitió una declaración el día en que se firmó la orden, en el que afirmaba que “priva a las personas de sus derechos básicos y dificulta la solución del problema de las personas sin hogar”.
Entre las áreas que le preocupan al grupo se encuentran el aumento del uso de la policía y la institucionalización como respuesta a la falta de vivienda, así como la priorización de la financiación a los estados para tratar la falta de vivienda como un delito. Según el grupo, tal y como está estructurada la orden, también se recortará la financiación a los programas actuales que, en su opinión, salvan vidas y reducen los daños.
“La orden ejecutiva de hoy, combinada con los recortes presupuestarios de MAGA en materia de vivienda y sanidad, aumentará el número de personas obligadas a vivir en tiendas de campaña, en sus coches y en las calles”, advirtió el centro jurídico. “Esta orden no hace nada para reducir el coste de la vivienda ni para ayudar a las personas a llegar a fin de mes”.
El grupo afirmó: “El tratamiento forzoso es poco ético, ineficaz e ilegal”.
Según la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar, los dos principales factores que contribuyen actualmente a la crisis de las personas sin hogar son la falta de viviendas asequibles y los limitados programas de ayuda a la vivienda financiados por el Gobierno.
Contexto histórico: Desinstitucionalización
El uso histórico de instituciones y asilos para aquellas personas que no podían desenvolverse bien en la sociedad quedó en desuso a mediados del siglo XX, en parte debido al hacinamiento y la falta de financiación.Esta combinación contribuyó a los abusos generalizados que sufrían los residentes, lo que llevó a nuevas reformas.
Más tarde, los avances en el tratamiento farmacológico de la salud mental, junto con las presiones financieras y los cambios legales, dieron lugar a un activismo que impulsó la primera ola de desinstitucionalización en los años cincuenta y sesenta.
Bajo la administración Kennedy, se firmó la Ley de Salud Mental Comunitaria de 1963, que promovía centros de salud comunitarios más pequeños en lugar de grandes instituciones, pero la financiación de esos centros fue insuficiente a largo plazo. Más tarde, a finales de la década de 1960 y en la de 1970, se dio un segundo impulso para sacar de esos centros a las personas con discapacidades del desarrollo.
Sin embargo, sin servicios comunitarios que atendieran las necesidades de las personas con enfermedades mentales o discapacidades intelectuales, quienes antes estaban en instituciones se encontraban a menudo sin hogar, especialmente en las zonas urbanas.
Entre 1980 y 2000, muchas personas con enfermedades mentales que antes estaban en instituciones psiquiátricas comenzaron a entrar en el sistema de justicia penal, un cambio conocido como transinstitucionalización. Se estima que esta tendencia por sí sola contribuyó a un aumento del 4 al 7 % en la tasa general de encarcelamiento durante ese período.
El año pasado, la Corte Suprema dictaminó que las ciudades pueden imponer multas o penas de cárcel a las personas sin hogar que duermen en la calle. Anuló una sentencia de un tribunal de apelación que consideraba que esas políticas violaban la Constitución si no había suficientes refugios públicos disponibles para la población sin hogar de la ciudad.
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