WASHINGTON—El 1 de agosto, un juez federal impidió que el Departamento de Seguridad Nacional revocara el permiso humanitario a miles de ciudadanos extranjeros y los sometiera a un proceso de expulsión acelerada del país.
La suspensión significa que el gobierno no podrá iniciar procedimientos de expulsión contra ciudadanos extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a los que se les concedió anteriormente la libertad condicional humanitaria cuando entraron legalmente en el país, a menudo mediante el uso de la aplicación móvil "CBP One".
El juez dictaminó que los esfuerzos por revocar la libertad condicional y someter a los beneficiarios a la "expulsión acelerada" violaban la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exime específicamente a los beneficiarios de la libertad condicional de dicha expulsión.
"Las medidas impugnadas de la agencia exceden la autoridad legal del Departamento y son arbitrarias y caprichosas", escribió la jueza Jia M. Cobb, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, añadiendo que "los miembros de los demandantes y otras personas en su misma situación se enfrentan a un daño inminente e irreparable como consecuencia de esas medidas, que supera cualquier perjuicio que pueda causar al gobierno o al público la suspensión temporal".
Su orden concede una suspensión temporal de la expulsión a todas las personas en libertad condicional en Estados Unidos.
La orden de suspensión dictada por Cobb es temporal y durará hasta la conclusión del caso, cuando se podrá revisar la legalidad de las medidas.
El 25 de marzo, el departamento emitió un aviso para poner fin la libertad condicional de los extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como de sus familiares directos.
"Las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la terminación de los programas de libertad condicional deberán abandonar el país antes de la fecha de terminación de su libertad condicional", indicaba el aviso.
El programa de libertad condicional comenzó en octubre de 2022 durante la administración Biden. Permite temporalmente a cualquier ciudadano extranjero entrar legalmente en el país, independientemente de su elegibilidad en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En virtud de este programa, más de 532,000 ciudadanos extranjeros de los países mencionados entraron a Estados Unidos, hasta que la administración Trump suspendió las nuevas concesiones el 22 de enero.
El aviso de terminación de la libertad condicional revocó el estatus de libertad condicional de todos esos ciudadanos extranjeros y, siguiendo una directiva interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), los hizo elegibles para la "expulsión acelerada" de Estados Unidos.
A diferencia de los procedimientos de expulsión habituales, en los que un extranjero puede ser escuchado por un juez de inmigración y obtener un permiso para permanecer en el país, la expulsión acelerada permite al gobierno expulsar a determinados extranjeros, como los que solicitan la admisión en Estados Unidos en la frontera, "sin audiencia ni revisión".
El departamento no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El programa de libertad condicional para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela "permitió a cientos de miles de extranjeros NO INVESTIGADOS eludir el proceso tradicional de libertad condicional", escribió el departamento en las redes sociales en junio. "Terroristas conocidos, miembros de bandas y asesinos convictos entraron en este país "legalmente" gracias a este programa".
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