El martes, una jueza de distrito permitió que una coalición de estados siguiera adelante con una demanda contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y el asesor principal del gobierno, Elon Musk, en la que se alega que la autoridad otorgada a Musk por el presidente Donald Trump es inconstitucional porque no fue confirmada por el Senado.
La jueza de distrito Tanya Chutkan denegó la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) de desestimar el caso y escribió en su fallo que la administración Trump había intentado sin éxito «minimizar el papel de Musk» en el DOGE y presentarlo como «un mero asesor sin autoridad formal».
El fallo se deriva de una demanda interpuesta en febrero por un grupo de 14 estados contra Musk, DOGE y Trump. Chutkan desestimó las reclamaciones de los estados contra Trump, afirmando que su corte no intentaría interferir en «el desempeño de sus funciones oficiales» como presidente.
La coalición, liderada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, argumentó en su demanda que Trump violó la cláusula de nombramientos de la Constitución al crear un nuevo departamento federal sin la aprobación del Congreso y que el presidente carecía de autoridad para realizar «cambios unilaterales en las leyes existentes relativas a la estructura del Poder Ejecutivo y el gasto federal».
Trump creó el DOGE poco después de tomar posesión en enero. Emitió una orden ejecutiva por la que se renombraba el Servicio Digital de Estados Unidos como Servicio DOGE de Estados Unidos. La orden autoriza al DOGE «a aplicar la Agenda DOGE del presidente, modernizando la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad del gobierno».
En una orden ejecutiva del 11 de febrero, ordenó a los jefes de las agencias que elaboraran planes de contratación futuros en consulta con el DOGE.
Los demandantes afirmaron que los despidos de miles de trabajadores federales desde enero y el cierre de múltiples agencias y departamentos han provocado «un caos y una confusión masivos para los gobiernos estatales y locales, los empleados federales y el pueblo estadounidense».
Además, argumentaron que Musk ha accedido a datos confidenciales y se ha apoderado de sistemas de datos sin autoridad legal.
«No hay ninguna oficina de Estados Unidos, aparte del presidente, que tenga todos los poderes del poder ejecutivo, y la autoridad absoluta que ahora se ha otorgado a una sola persona no elegida y no confirmada es contraria a toda la estructura constitucional de la nación», escribió el grupo en su demanda.
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca y con un portavoz de Musk para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Empleado especial del gobierno
En un escrito judicial presentado en febrero, la Casa Blanca afirmó que Musk no es empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y no tiene autoridad para tomar decisiones.Tanto el DOGE como una subunidad del mismo son independientes de la oficina de la Casa Blanca, que emplea a Musk como empleado especial del gobierno, dijo el funcionario de la Casa Blanca Joshua Fisher en uno de los documentos.
«El Sr. Musk es un empleado de la Oficina de la Casa Blanca. No es empleado del Servicio DOGE de EE. UU. ni de la Organización Temporal del Servicio DOGE de EE. UU.», escribió Fisher. «El Sr. Musk no es el administrador del Servicio DOGE de EE. UU.».
Fisher también dijo que Musk no tiene más autoridad que otros asesores de alto rango de la Casa Blanca y, al igual que los demás asesores, «no tiene autoridad real ni formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo».
«El Sr. Musk solo puede asesorar al presidente y comunicar las directrices del presidente», escribió Fisher.
En otro escrito, los abogados del Departamento de Justicia también dijeron que Musk es empleado de la Casa Blanca, no de DOGE, y que «solo tiene la capacidad de asesorar al presidente o comunicar las directrices del presidente, al igual que otros altos funcionarios de la Casa Blanca».
Los estados habían solicitado a la corte que declarara inconstitucionales las acciones de Musk, le prohibiera dar órdenes a cualquier miembro del poder ejecutivo fuera de DOGE e invalidara sus acciones anteriores.
Chutkan dijo en su fallo del martes que los estados podían seguir adelante con su impugnación legal contra Musk y DOGE porque habían presentado una alegación plausible con respecto a que las actividades de recorte de gastos de Musk «no estaban autorizadas por ninguna ley».
Dijo que la corte desestimaría a Trump como demandado en el caso, escribiendo que «el poder del presidente para seleccionar y nombrar a los funcionarios en virtud de la cláusula de nombramientos es altamente discrecional y se asigna directamente al presidente».
«Una sentencia declarativa contra el presidente, una «rama del gobierno con igual poder», en relación con las facultades exclusivas del Ejecutivo en virtud de la Constitución, «en el mejor de los casos crea una apariencia indecorosa de tensión constitucional y, en el peor, pone en peligro la separación constitucional de poderes», escribió Chutkan.
La Casa Blanca había afirmado anteriormente que Musk había cumplido «todas las leyes federales aplicables». Trump afirmó que Musk «no puede hacer ni hará nada sin nuestra aprobación, y le daremos nuestra aprobación cuando sea apropiado; cuando no lo sea, no lo haremos».
Torrez celebra la sentencia
Torrez celebró la sentencia el martes y la calificó como un «hito importante para preservar el sistema de controles y contrapesos de Estados Unidos».«Presentamos esta demanda para defender la Constitución y detener el peligroso precedente de permitir que donantes multimillonarios desmantelen agencias federales, recorten programas públicos vitales y accedan a datos estatales sensibles sin autoridad legal», dijo Torrez en un comunicado.
Los fiscales generales de los estados de Arizona, Michigan, California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Vermont, Rhode Island, Hawái, Washington y Oregón se unieron a Nuevo México en la demanda.
DOGE ha ahorrado alrededor de 170 mil millones de dólares gracias a la rescisión de contratos federales, subvenciones y arrendamientos; cambios programáticos; ahorros regulatorios; y reducciones de plantilla, entre otras cosas, según su sitio web oficial.
Esos ahorros ascienden a alrededor de 1056 dólares por contribuyente, según DOGE.
Zachary Stieber contribuyó a este artículo.
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