Una jueza federal bloqueó el 27 de junio una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en contra de la firma de abogados Susman Godfrey.
La jueza federal Loren AliKhan, quien fue designada por el presidente Joe Biden en 2023 para el Distrito de Columbia, declaró en su fallo de 53 páginas que la orden del presidente Trump "va más allá de violar la Constitución y las leyes de los Estados Unidos" y que "amenaza la independencia del colegio de abogados, una necesidad para el estado de derecho".
La orden ejecutiva ordenó al gobierno suspender las autorizaciones de seguridad de los abogados de Susman y restringir su acceso a funcionarios de gobierno, edificios y obras de contratación federal.
"He determinado que es necesario tomar medidas para abordar los riesgos significativos, la conducta atroz y los conflictos de intereses asociados con Susman Godfrey LLP (Susman)", dijo Trump en la orden que firmó este 9 de abril.
"Susman encabeza los esfuerzos para convertir al sistema legal estadounidense en un arma y degradar la calidad de las elecciones estadounidenses. Susman también financia a grupos que participan en esfuerzos peligrosos para socavar la eficacia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos mediante la inyección de una ideología política y radical, y apoyan los esfuerzos para discriminar por motivos raciales", se lee en la orden.
El presidente firmó órdenes similares para otras firmas de abogados, como Perkins Coie, Jenner & Block y WilmerHale, los que también emprendieron acciones legales.
Según se informó, otros nueve bufetes de abogados llegaron a acuerdos con la Casa Blanca, entre ellos Paul Weiss, Skadden Arps, Latham & Watkins y Kirkland & Ellis.
Las resoluciones anteriores contra la administración fueron dictadas tanto por jueces nombrados por los demócratas como por los republicanos.
AliKahn encontró que las medidas del presidente Trump contra Susman constituían una represalia ilegal por aceptar casos y realizar esfuerzos relacionados con la diversidad racial, lo que, según ella, constituía "una represalia ilegal contra Susman por actividades que están protegidas por la Primera Enmienda, incluida la representación de determinados clientes, sus donaciones a ciertas causas y la expresión de sus creencias sobre la diversidad".
El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo en un comunicado que la concesión de autorizaciones de seguridad es "una decisión delicada y sensible que le compete al presidente".
Con información de Reuters.
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