Una jueza federal de distrito impidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la madrugada del domingo deportar a un grupo de niños guatemaltecos no acompañados.
La orden de restricción temporal de la jueza federal Sparkle Sooknanan, con sede en Washington, se emitió alrededor de las 4 de la madrugada del 31 de agosto. La demanda colectiva se conoce como L.G.M.L. contra Noem.
La orden de Sooknanan establece que el gobierno no puede expulsar "a ninguno de los demandantes individuales de Estados Unidos durante 14 días, salvo que la corte dicte una nueva orden".
La orden establece que las "circunstancias urgentes" expuestas en la demanda judicial justificaban una acción inmediata "para mantener el statu quo hasta que se pueda fijar una audiencia".
La demanda judicial, presentada apenas unas horas antes de que se dictara la orden, se interpuso en nombre de 10 menores no acompañados de Guatemala a los que el DHS quiere expulsar de Estados Unidos. Su expulsión es "una clara violación de las protecciones inequívocas que el Congreso les ha proporcionado como niños vulnerables", señala la demanda.
Los demandantes están involucrados en "procedimientos activos ante cortes de inmigración de todo el país, sin embargo, el DHS planea expulsarlos en violación de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de la Trata de 2008, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Constitución".
Los demandantes actuaron después de que los medios de comunicación informaran el 29 de agosto de que el DHS tenía previsto "expulsar de forma inminente a cientos de menores no acompañados guatemaltecos a Guatemala".
El departamento se está preparando para actuar a pesar de que el Congreso exige que los menores no acompañados sean puestos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El Congreso solo permite la expulsión de estas personas del país en situaciones específicas especificadas en la legislación federal, según la denuncia.
El DHS "tiene previsto trasladar ilegalmente a los demandantes a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ponerlos en vuelos con destino a Guatemala, donde pueden sufrir abusos, negligencia, persecución o incluso tortura, en contra de sus intereses".
El DHS identificó a más de 600 niños de Guatemala que podría deportar como parte de "un programa piloto pionero en su género, mediante un acuerdo negociado con el gobierno guatemalteco", según la demanda.
El gobierno de Estados Unidos no informó a los demandantes sobre su plan de deportación ni les dio oportunidad de impugnarla. En cambio, el DHS "simplemente retiró los casos pendientes de los menores del expediente de las cortes de inmigración en preparación para su expulsión sumaria", indica la demanda.
En una audiencia celebrada al mediodía del 31 de agosto, Sooknanan mantuvo su orden de restricción temporal anterior.
El gobierno debe "detener cualquier esfuerzo en curso para transferir, repatriar, expulsar o facilitar de cualquier otra forma el transporte de cualquier demandante o miembro de la clase presunta desde Estados Unidos", dijo en una orden judicial con fecha y hora de las 12:37 p. m.
En una demanda colectiva, uno o más demandantes demandan en nombre de una "clase", o grupo más amplio de personas que alegan haber sufrido el mismo perjuicio a causa de un demandado. Las normas de las cortes federales y estatales regulan si una demanda colectiva se certifica y se permite que prosiga. Hasta que se certifique una clase, sus miembros se denominan miembros putativos o presuntos de la clase.
La clase presunta en este caso incluye a todos los menores guatemaltecos no acompañados que se encontraban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados a la 1:02 a. m. del 31 de agosto, momento en que se presentó la demanda judicial. La protección de la corte no se extiende a aquellos que ya están "sujetos a una orden final ejecutable de deportación", dijo la jueza.
Alrededor de las 3 p. m. del 31 de agosto, Sooknanan emitió una orden separada en la que exigía al DHS informar a la corte a las 4 p. m. si los miembros clase presunta de la demanda colectiva habían sido sacados de los aviones que se iban a utilizar para la deportación.
“Si no se ha desembarcado a todos los miembros de la clase y devuelto a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para ese momento, los demandados deben informar cuándo esperan que ocurra”, dijo.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para pedir comentarios. No se recibió ninguna respuesta antes de la hora de publicación.
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