Un juez federal despejó el camino para que la administración Trump siga adelante con su plan de desmantelar la agencia federal que financia las bibliotecas de todo el país.
En una orden del 6 de junio, el juez Richard Leon, de la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, se negó a impedir que la administración recorte los fondos del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), alegando que su tribunal no tiene jurisdicción sobre las reclamaciones de los demandantes.
Leon había acordado anteriormente bloquear temporalmente a la administración, afirmando en ese momento que era probable que quienes demandaban para preservar el IMLS demostraran que el presidente Donald Trump carece de autoridad para cerrar unilateralmente una agencia creada por el Congreso.
Sin embargo, en la última sentencia, Leon escribió que, por mucho que «el tribunal lamente los esfuerzos del poder ejecutivo por cortar este salvavidas para las bibliotecas y los museos», el caso debería ser juzgado en un tribunal diferente especializado en reclamaciones por daños y perjuicios contra el gobierno federal.
En concreto, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de EE. UU., por 5 votos contra 4, de abril, que concedió la apelación de emergencia de la administración Trump para suspender más de 600 millones de dólares en subvenciones para programas de preparación de profesores en medio de un litigio en curso. La suspensión forma parte de un esfuerzo más amplio del presidente para garantizar que ningún dólar federal se destine a promover la ideología de diversidad, equidad e inclusión (DEI), en violación de las leyes contra la discriminación.
En un dictamen sin firmar, la mayoría conservadora del alto tribunal dijo que es probable que un tribunal federal de distrito carezca de la competencia para obligar al gobierno a realizar los pagos en virtud de la ley federal que regula los organismos administrativos. En su lugar, la mayoría sugirió que la impugnación debería haberse presentado ante el Tribunal Federal de Reclamaciones, que sí tiene competencia para conocer de demandas derivadas de contratos con los Estados Unidos.
«Me parecen convincentes las reservas de la Corte Suprema... sobre que un tribunal de distrito ordene el cumplimiento de una obligación contractual contra el gobierno», escribió Leon, señalando que los demandantes piden repetidamente que se restablezcan las subvenciones a lo largo de su demanda. «Es la naturaleza intrínsecamente contractual de la reparación concedida lo que convierte al Tribunal de Reclamaciones Federales en el foro exclusivo para esta demanda».
La demanda fue presentada por la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) y la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y del Condado. Tiene su origen en la orden ejecutiva de Trump del 14 de marzo en la que se designaba al IMLS como una de las siete agencias federales «innecesarias» que debían ser eliminadas en la medida máxima permitida por la ley.
En los días siguientes a la orden presidencial, el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, fue nombrado director en funciones del IMLS y se le encomendó la supervisión del cierre de la agencia. Esto incluía la incorporación de miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado por el presidente de realizar auditorías de las agencias federales e identificar gastos superfluos. Según los documentos judiciales, todos los empleados de la agencia, excepto 12, fueron despedidos.
Creado por el Congreso en 1996, el IMLS supervisa actualmente 650 subvenciones activas a bibliotecas y museos, por un total de más de 450 millones de dólares. Solo en 2024, distribuyó 266.7 millones de dólares en subvenciones.
La agencia también mantiene la veterana Encuesta sobre Bibliotecas Públicas, que recopila datos de aproximadamente 9000 bibliotecas públicas y 17,000 puntos de acceso a bibliotecas en todo el país, y hace un seguimiento de todo, desde las cifras de circulación hasta el tamaño de las colecciones y las tasas de visita.
«La ALA lamenta que el tribunal no haya aceptado nuestra solicitud de medida cautelar», dijo Cindy Hohl, presidenta de la ALA, a través de un comunicado. «El alcance de la cancelación de servicios y programas por parte de algunas bibliotecas, e incluso la pérdida de personal en algunos casos, demuestra la importancia del IMLS. La ALA no descansará hasta que las bibliotecas de todos los estados reciban la financiación prometida y el IMLS vuelva a funcionar a pleno rendimiento para satisfacer las necesidades de información de todos los estadounidenses».
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