El martes, un juez federal de Virginia Occidental ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que revocara el despido de casi 200 trabajadores que supervisan un programa de control de la salud de los mineros del carbón tras haber sido despedidos el mes pasado.
La jueza Irene C. Berger, de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Virginia Occidental, concedió una medida cautelar que obliga al HHS a reincorporar a todo el personal de la División de Salud Respiratoria del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) en Morgantown, Virginia Occidental.
Los trabajadores de la división se encargan de examinar y revisar los reconocimientos médicos presentados por proveedores externos para determinar si hay indicios de que los mineros han desarrollado una enfermedad respiratoria llamada neumoconiosis, más conocida como enfermedad del pulmón negro.
"La detección, el diagnóstico, la prevención y la investigación del pulmón negro es un campo altamente especializado; simplemente no es posible transferir las funciones de los empleados de la RHD a otras personas sin un período de transición y formación", escribió la jueza en su fallo.
"Perder los servicios de estos empleados experimentados y dedicados es un aspecto del daño irreparable que se causa a los mineros y al público que no puede ni debe ignorarse".
Berger ordenó al HHS que continuara con su Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores del Carbón dentro del NIOSH tras determinar que el departamento carecía de autoridad para "cancelarlo unilateralmente".
Además, la jueza ordenó el restablecimiento de un programa denominado "Parte 90", que permite a los mineros que presenten pruebas de neumoconiosis trasladarse a puestos de trabajo menos polvorientos, sin reducción salarial, para protegerlos de la exposición continuada.
La decisión de Berger se produce después de que casi 200 trabajadores de las instalaciones del NIOSH fueran suspendidos de empleo en abril como parte de la reestructuración del HHS. Esto forma parte de una serie de medidas de recorte de gastos de la administración Trump que han supuesto el despido de miles de empleados federales de diversos departamentos.
Berger no especificó en su orden cuántos puestos de trabajo deben restablecerse exactamente dentro de la división de salud.
La demanda alega que los trabajadores se quedaron sin protecciones esenciales
La sentencia se dictó en respuesta a una demanda presentada en abril contra el HHS y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., por Harry Wiley, un electricista del condado de Raleigh que trabaja en minas de carbón.Según la demanda, a Wiley se le diagnosticó la enfermedad del pulmón negro en noviembre de 2024. La ley federal exige que los mineros del carbón puedan someterse a exámenes médicos periódicos.
Wiley argumentó que los recortes de empleo en la División de Salud Respiratoria impedían al NIOSH revisar las solicitudes u ofrecer traslados, lo que a su vez dejaba a él y a otros mineros sin las protecciones esenciales garantizadas por la Ley Federal de Seguridad y Salud en las Minas de 1977.
Berger se mostró de acuerdo y escribió en su fallo que "las pruebas incontrovertibles presentadas ante la corte establecen de manera abrumadora que las obligaciones legales imperativas no pueden cumplirse eficazmente sin una orden judicial que ponga fin" a los recortes de empleo.
Ordenó que, en caso de reorganización, no se produjera "ninguna pausa, interrupción o laguna en las protecciones y servicios exigidos por el Congreso en la Ley de Minas y en las normas conexas para la salud y la seguridad de los mineros".
Berger añadió que el HHS no había presentado pruebas de que existieran en otras partes del HHS empleados con las cualificaciones necesarias para operar la unidad de control de la salud que realiza las pruebas de detección de la neumoconiosis.
El HHS tampoco presentó pruebas de que se pudiera despedir a empleados individuales o grupos de empleados sin afectar a la capacidad del NIOSH para cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Minas y otras normativas, afirmó.
La jueza concedió a Kennedy 20 días para presentar una certificación por escrito que demuestre que el HHS ha cumplido la orden de la corte.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con un portavoz del HHS para recabar sus comentarios.
Con información de The Associated Press
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