Una corte de distrito de EE. UU. en Maine, emitió el 11 de abril, una resolución en la que ordenaba al gobierno federal liberar los fondos destinados a Maine, que fueron congelados debido a la decisión del estado de ignorar una orden ejecutiva y permitir a los atletas transgénero participar en deportes femeninos.
El conflicto entre el gobierno estatal y el federal comenzó después que el presidente Donald Trump emitiera la orden titulada «Defender a las mujeres del extremismo ideológico de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal», en su primer día de regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato.
En una sentencia de 70 páginas, el juez John A. Woodcock Jr. ordenó al Departamento de Agricultura y a su secretaria, Brooke Rollins, que «descongelaran inmediatamente» cualquier dinero retenido porque el estado decidió no seguir la acción ejecutiva del presidente.
Las agencias también tienen prohibido retener fondos futuros por motivos similares.
Mientras tanto, la corte se distanció del debate sobre los atletas transgénero.
«Al pronunciarse sobre la solicitud del estado, la corte no se pronuncia sobre los méritos de la controversia sobre los atletas transgénero que constituye el telón de fondo del punto muerto entre el estado y los acusados federales», escribió Woodcock en su decisión.
Continuó explicando que la decisión se basaba en el incumplimiento de los protocolos reglamentarios por parte del Departamento de Agricultura al retener la financiación.
«De hecho, los demandados federales no argumentaron en este caso que las leyes y reglamentos federales pertinentes para la terminación de la financiación federal de los programas estatales no se aplican a esta situación, ni afirman que cumplieron con la ley federal aplicable en los hechos que dieron lugar a este litigio».
La administración Trump argumentó que la corte no tenía jurisdicción adecuada para conocer del caso y que Maine no «alegó daño irreparable».
Las tensiones se desbordaron durante una reunión celebrada en febrero en la Casa Blanca con los gobernadores, cuando Trump y la gobernadora de Maine, Janet Mills, discutieron acaloradamente sobre el tema.
Cuando Maine optó por no prohibir que los atletas transgénero compitieran contra mujeres, Rollins envió una carta a Mills el 2 de abril en la que le advertía de que el Departamento de Agricultura estaba «congelando los fondos federales de Maine para determinadas funciones administrativas y tecnológicas en las escuelas», según la sentencia judicial.
En su demanda presentada el 7 de abril, Maine dijo que no podía acceder a aproximadamente 3 millones de dólares. El estado dijo al tribunal que el dinero se utilizaba para programas que ayudaban a proporcionar comidas a escuelas, guarderías y adultos discapacitados.
En la carta de Rollins a Mills del 2 de abril en la que se informaba de la congelación de los fondos, el secretario de Agricultura afirmaba que la pausa «no afecta los programas federales de alimentación ni la asistencia directa a los habitantes de Maine; si un niño fue alimentado hoy, será alimentado mañana».
Los funcionarios estatales celebraron la decisión y afirmaron que ayudaría a proteger los programas nutricionales destinados a beneficiar a las poblaciones en riesgo.
«Esta orden de restricción temporal confirma que la administración Trump no respetó el estado de derecho al recortar los fondos de los programas destinados a alimentar a escolares y adultos vulnerables», declaró el fiscal general de Maine, Aaron Frey. «Esta orden preserva el acceso de Maine a ciertos fondos asignados por el Congreso al prohibir una congelación ilegal por parte de la administración».
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.
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