Un juez federal de Rhode Island bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de desmantelar tres pequeñas agencias federales, en respuesta a una demanda presentada por 21 estados liderados por demócratas.
En marzo, Trump emitió una orden ejecutiva para eliminar el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS), la Agencia para el Desarrollo de las Empresas Minoritarias (MBDA) y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) "en la medida máxima compatible con la legislación aplicable". Otras cuatro agencias más pequeñas también eran objeto de la orden, pero el juez no se pronunció al respecto.
El juez federal de distrito John McConnell Jr., en una orden judicial emitida el martes, dictó una medida cautelar contra el desmantelamiento de las tres agencias, alegando que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. La orden, según escribió el juez, también violaba la cláusula de separación de poderes de la Constitución y argumentaba que el Congreso había asignado los fondos para esas entidades federales que Trump pretende cerrar.
La orden ejecutiva "ignora la función constitucional fundamental de cada uno de los poderes de nuestro gobierno federal; en concreto, ignora los principios inquebrantables de que el Congreso elabora las leyes y asigna los fondos, y el Ejecutivo aplica las leyes promulgadas por el Congreso y gasta los fondos asignados por este", escribió McConnell.
En su fallo, el juez federal rechazó los argumentos de la administración Trump de que los estados no tenían legitimación, o la doctrina jurídica que establece si una parte puede presentar una demanda, para presentar el recurso judicial.
"Los estados han presentado pruebas convincentes que demuestran que los perjuicios derivados del desmantelamiento del IMLS, el MBDA y el FMCS ya se están produciendo o es seguro que se producirán, habida cuenta de la importante reducción del personal disponible y competente para administrar los fondos y servicios de estos organismos y de la eliminación de determinados programas que prestaban servicios a los estados", escribió McConnell en la orden de 49 páginas.
Sin embargo, McConnell no ordenó a las agencias que tomaran medidas específicas. El juez pidió a los estados que consultaran con la administración Trump y presentaran una orden más detallada para su aprobación.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, un demócrata cuya oficina lidera la demanda, calificó la decisión como una "victoria crucial" para el público estadounidense.
"Cuando la Administración Trump intenta desmantelar estas agencias, está realizando un esfuerzo concertado y específico para impedir que la gente común acceda a todo su potencial", afirmó Neronha en un comunicado el martes.
Afirmó que los funcionarios de la Administración "saben que estas agencias representan oportunidades para que el pueblo estadounidense mejore su vida mediante el libre acceso al conocimiento a través de sus bibliotecas públicas locales, proteja sus derechos laborales y de empleo, y ayude a crecer a sus pequeñas empresas".
Los funcionarios de la Administración, en respuesta a la demanda de los estados, afirmaron en los documentos judiciales presentados el 14 de abril que los estados no podían "demostrar la probabilidad de éxito de sus reclamaciones" y también argumentaron que su solicitud al juez de que dictara una orden judicial preliminar es "excepcional" dadas las circunstancias.
Sus abogados afirmaron además en el escrito que la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island no es la jurisdicción adecuada para resolver la controversia.
"El Congreso no asignó fondos directamente a los estados, sino que autorizó a los organismos demandados a conceder subvenciones", argumentó la Administración. "Esas subvenciones son contratos, y las demandas que impugnan su rescisión —y la exigencia de los demandantes de que el gobierno siga pagando los fondos de estas subvenciones rescindidas— deben tramitarse ante la Corte Federal de Reclamaciones".
La orden ejecutiva de Trump formaba parte de su esfuerzo más amplio por reducir drásticamente el gobierno federal y recortar el gasto público. Decenas de miles de empleados federales han sido despedidos, suspendidos indefinidamente o han aceptado ofertas de liquidación para abandonar sus puestos de trabajo.
El presidente afirmó que sus esfuerzos también tienen por objeto reducir el fraude, el despilfarro y los abusos en el gobierno y eliminar el gasto en programas que promueven políticas progresistas que, según él, malgastan los fondos de los contribuyentes.
Con información de Reuters.
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