Los esfuerzos de la Administración Trump por deportar a un activista pro-Palestino de la Universidad de Columbia han sido declarados probablemente inconstitucionales por un juez federal.
En una sentencia dictada el 28 de mayo, el juez Michael Farbiarz detuvo la expulsión de Mahmoud Khalil, alegando que el argumento del Gobierno —que el inmigrante representaba una amenaza potencial para los intereses de política exterior de Estados Unidos por sus creencias— permitiría que su expulsión diera lugar a un procedimiento arbitrario.
El Departamento de Seguridad Nacional detuvo a Khalil el 8 de marzo tras su participación en protestas pro palestinas en la Universidad de Columbia. Luego lo trasladaron al centro de detención de Luisiana.
Además de una solicitud supuestamente inexacta para la residencia permanente legal, la presencia de Khalil “compromete un interés de política exterior imperioso”, determinó el Secretario de Estado Marco Rubio, lo que llevó al Gobierno federal a tramitar su expulsión.
La oficina de Rubio sostuvo que las actividades de Khalil socavan la política de Estados Unidos contra el antisemitismo.
Las protestas a favor de Palestina estallaron en todo Estados Unidos tras el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron y fueron secuestrados civiles.
La campaña militar de represalia de Israel en Gaza provocó protestas en los campus universitarios en las que se pedía un alto el fuego y se criticaba a Estados Unidos por apoyar a Israel, su aliado desde hace mucho tiempo.
El presidente Donald Trump emitió varias órdenes ejecutivas en enero de este año con el objetivo de combatir el antisemitismo y proteger a Estados Unidos de los terroristas extranjeros.
Una de ellas exige procedimientos de selección y verificación más estrictos, incluyendo la actividad en las redes sociales, como motivo para denegar la entrada al país, y la otra exige el enjuiciamiento y la expulsión de ciudadanos y no ciudadanos que participen en actividades antisemitas.
Al abordar los argumentos de la administración, el juez citó la doctrina de la vaguedad, diciendo que si se confirmaba la expulsión, se podría sentar un precedente problemático.
El juez dijo, como parte de una amplia advertencia en su fallo, que "si la sección 1227 puede aplicarse aquí al demandante, entonces otros estatutos similares también pueden aplicarse algún día. No solo en el contexto de la expulsión, en lo que respecta a los extranjeros, sino también en el contexto penal, en lo que respecta a todas las personas".
La sección 1227 se ha aplicado con frecuencia a conductas que afectan a las relaciones de Estados Unidos con otros países y se aplica a políticas que podrían socavar los intereses estadounidenses.
Sin embargo, Farbiarz no ordenó la liberación de Khalil de la cárcel de Luisiana, alegando que su abogado no había ofrecido una respuesta suficiente a la otra acusación presentada por la oficina del secretario de Estado: que no reveló datos personales relacionados con su solicitud de residencia.
Los abogados de Khalil argumentaron que la administración actuó de forma ilegal al usar la ley de inmigración como arma contra su cliente por organizar protestas en el campus sobre la guerra entre Israel y Hamas.
Tras la sentencia de Farbiarz, la ACLU, que representa a Khalil, declaró: "La Corte de distrito confirmó lo que ya sabíamos: el uso de la ley de inmigración como arma por parte del Secretario Rubio para castigar a Mahmoud y a otros como él probablemente sea inconstitucional.
Trabajaremos lo más rápido posible para proporcionar al tribunal la información adicional que ha solicitado, en apoyo de nuestros esfuerzos para liberar a Mahmoud o, en su defecto, devolverlo a su esposa y a su hijo recién nacido".
Khalil es uno de los varios manifestantes detenidos en relación con su activismo pro-Palestino, entre los que se encuentra otro estudiante de Columbia, Mohsen Mahdawi, un refugiado de Cisjordania y ahora residente permanente de Estados Unidos; una estudiante de la Universidad de Tufts, Rumeysa Ozturk, originaria de Turquía; y un académico de la Universidad de Georgetown, Badar Khan Suri, de nacionalidad india. En los tres casos, los estudiantes quedaron en libertad y siguen luchando por sus causas.
La ACLU afirmó que el equipo de Khalil "“espera un fallo definitivo sobre la moción de medida cautelar preliminar, además de las mociones pendientes de libertad bajo fianza y de su traslado a Nueva Jersey".
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