El 7 de mayo un juez federal bloqueó temporalmente a la administración Trump, para que no imponga nuevas condiciones a las subvenciones que financian servicios de tránsito para el área de Seattle y servicios para personas sin hogar para Boston, Nueva York, San Francisco y otros gobiernos locales.
El fallo se deriva de una demanda presentada el 2 de mayo por ocho ciudades y condados que desafían las nuevas condiciones, que se emitieron en múltiples órdenes ejecutivas de la Casa Blanca .
Las órdenes ejecutivas prohíben que los fondos se utilicen en actividades que promuevan políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) o que vayan en contra de la postura de la administración en materia de inmigración, sanidad e ideología de género.
Las ciudades y los condados alegan que las condiciones son inconstitucionales e ilegales, no se ajustan a los objetivos de los programas de subvenciones y tienen por objeto coaccionarles para que se adhieran a la agenda política de la administración.
Al dictar la orden de restricción temporal, la juez de distrito Barbara Rothstein de Seattle declaró que los gobiernos locales demostraron que tenían posibilidades de ganar el caso contra la administración porque las condiciones en cuestión no fueron aprobadas por el Congreso.
Además, las condiciones no estaban estrechamente relacionadas con los fines de las subvenciones y los programas que financian y no harían que la administración de las subvenciones fuera más eficiente y eficaz, concluyó Rothstein.
Los demandantes también demostraron suficientemente que sufrirían un daño irreparable a menos que se concediera una orden de restricción temporal, dijo Rothstein.
«Incluso dejando de lado si los demandantes se enfrentan a un plazo inminente para aceptar las Condiciones de Subvención, los Demandantes se enfrentan a una amenaza inminente en ausencia de una [orden de restricción temporal]», escribió el juez . «Los demandados pusieron a los demandantes en la tesitura de tener que elegir entre aceptar unas condiciones que consideran inconstitucionales y arriesgarse a perder cientos de millones de dólares en subvenciones federales, incluidos fondos que ya presupuestaron y se comprometieron a gastar».
Rothstein bloqueó durante 14 días que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y la Administración Federal de Transporte (FTA) del Departamento de Transporte aplicaran las nuevas condiciones de subvención o retuvieran o retrasaran la financiación concedida en virtud de las subvenciones.
El juez desestima la demanda de jurisdicción de la Administración Trump
La jueza también rechazó el argumento de la administración que carecía de jurisdicción sobre la demanda porque era esencialmente una disputa contractual que debía presentarse en la Corte de Reclamaciones Federales.«Los demandantes no hicieron valer una reclamación contractual, sino una basada en derechos estatutarios y constitucionales y la reparación que solicitan no estaría a su disposición en la Corte de Reclamaciones Federales», escribió Rothstein.
La financiación retenida proviene del programa Continuum of Care del HUD, que, según su sitio web oficial, está diseñado para promover «el compromiso de toda la comunidad con el objetivo de poner fin a la falta de vivienda proporcionando fondos para los esfuerzos de los proveedores sin fines de lucro y los gobiernos estatales y locales».
Según la administración Trump, el HUD anuncia a los beneficiarios a través de una «adjudicación condicional» que establece los requisitos que debe cumplir el becario. Solo una vez que el concesionario cumplió con los requisitos, las partes firman un acuerdo de subvención, después de lo cual, los fondos son obligados por HUD dentro de los 45 días.
Las condiciones que debían cumplir los beneficiarios de la subvención se incluyeron en los acuerdos enviados a las ciudades y condados en marzo, según se indica en una presentación judicial .
«Los demandantes pretenden que se les sigan pagando los fondos de subvención a los que alegan 'tener derecho', sin tener que aceptar las disposiciones de los acuerdos de subvención y del acuerdo marco a las que se oponen», escribieron los abogados de la administración.
El condado de King, que incluye Seattle, presentó una demanda por los cambios en las condiciones de la subvención para los residentes sin hogar, así como por la financiación del transporte público que, en su opinión, contribuye a proporcionar servicios y mejoras «fundamentales».
Boston y Nueva York, los condados de Pierce y Snohomish, Washington, la ciudad y el condado de San Francisco, y el condado de Santa Clara, California, presentaron demandas por los cambios en las subvenciones a los servicios para personas sin hogar.
La demanda alega que el HUD y la FTA actuaron ilegalmente cuando impusieron las nuevas condiciones a las subvenciones por valor de cientos de millones de dólares, argumentando que las condiciones contravienen los principios de separación de poderes y violan la 10ª y la 5ª Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.
«La sentencia de hoy es un primer paso positivo en nuestro desafío a la extralimitación federal», declaró en un comunicado la ejecutiva del condado de King, Shannon Braddock. «Seguiremos oponiéndonos a las acciones ilegales para proteger a nuestros residentes y los servicios de los que dependen».
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y con la Administración Federal de Transportes para recabar sus comentarios.
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