El 12 de marzo, un juez federal acordó bloquear temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que retira las autorizaciones de seguridad a los empleados de un destacado bufete de abogados de Washington que participó en la elaboración del controvertido expediente Steele.
Trump firmó la orden el 6 de marzo, citando el trabajo del bufete de abogados Perkins Coie durante las elecciones de 2016, cuando la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata (DNC) pagaron al bufete más de un millón de dólares para contratar a la empresa de investigación de la oposición Fusion GPS. La orden de Trump también se dirigió a las políticas de la empresa que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión de la fuerza laboral.
Perkins Coie demandó el martes a la administración Trump, argumentando que la orden del presidente violaba los derechos de libertad de expresión, libre asociación y debido proceso de la empresa según la Constitución.
Durante una audiencia celebrada el miércoles en Washington, la jueza de distrito de Estados Unidos Beryl Howell dijo que concedería la solicitud de la empresa de una orden de alejamiento temporal contra la orden del presidente, que también pretendía limitar el trabajo de Perkins Coie con contratistas federales.
Trump ordenó una revisión gubernamental destinada a poner fin a todos los contratos que la empresa tiene actualmente con cualquier agencia federal y una revisión que busca cancelar los contratos con sus clientes. La orden también limita la capacidad de sus abogados para acceder a funcionarios gubernamentales o mantener autorizaciones de seguridad.
En su demanda, Perkins Coie escribió que siete de sus clientes, incluido un importante contratista del gobierno, ya habían retirado el trabajo legal tras la orden de Trump o tenían previsto hacerlo, lo que provocó pérdidas de «ingresos significativos» para la empresa.
Los funcionarios del gobierno también han bloqueado o disuadido a los abogados del bufete de participar en reuniones debido a la orden de Trump, según la demanda.
En 2016, después de recibir financiación del DNC y de la campaña de Clinton, Fusion GPS contrató a Christopher Steele, un especialista británico en contrainteligencia retirado, para recopilar investigaciones sobre las acusaciones que decían que la campaña de Trump de 2016 había conspirado con el gobierno ruso para ganar las elecciones presidenciales.
La investigación de Steele se recopiló en un dossier que BuzzFeed News publicó sin su consentimiento en 2017. El medio fue criticado por no verificar primero de forma independiente muchas de las acusaciones salaces del informe, lo que provocó el escrutinio de muchos periodistas.
Si bien algunas de las conclusiones más generales del expediente (incluido que Rusia estaba trabajando para que Trump fuera elegido y trató de influir en algunos de sus asociados) fueron corroboradas posteriormente por las agencias de inteligencia estadounidenses y la investigación del fiscal especial Robert Mueller, el informe ha sido en gran medida desacreditado y nadie en la órbita del presidente fue nunca acusado formalmente de conspirar con Rusia.
Trump demandó previamente a Clinton, Perkins Coie y otros, alegando que conspiraron para amañar las elecciones de 2016 en su contra. Un juez federal de Florida desestimó la demanda en 2022.
En febrero, Trump ordenó igualmente la suspensión de las autorizaciones de seguridad de los empleados de Covington & Burling LLP, un bufete de abogados con sede en Washington que trabajó en las investigaciones a Trump por parte del exasesor especial Jack Smith.
Con información de Reuters
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