Una juez federal ratificó la decisión de la administración Trump de suspender más de 400 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Columbia.
El lunes, la juez Mary Kay Vyskocil, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó una demanda presentada por la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) y la Federación Americana de Profesores (AFT), dos sindicatos que representan al profesorado de Columbia. La juez concluyó que los sindicatos no tenían legitimidad para presentar la demanda.
Solo la universidad puede impugnar el congelamiento de los fondos, dijo la juez.
"Nuestra democracia no puede funcionar muy bien si los jueces individuales conceden medidas extraordinarias a todos los demandantes que claman por oponerse a la acción ejecutiva. Ni el poder ejecutivo ni el legislativo concedieron nunca las subvenciones y contratos en cuestión a los demandantes ni a ninguno de sus miembros", escribió Vyskocil en su opinión.
En marzo, la administración Trump dijo que cancelaría las subvenciones federales de Columbia, acusando a la universidad de no haber enfrentado el acoso persistente contra estudiantes judíos.
Durante los meses de intensas protestas por las acciones militares de Israel en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, Columbia se convirtió en el centro de las manifestaciones universitarias en todo el país, con un campamento en su campus que duró más de 100 días antes de que se llamara a la policía para desmantelarlo.
"Las universidades deben cumplir todas las leyes federales contra la discriminación si quieren recibir financiación federal", declaró en ese momento la secretaria de Educación, Linda McMahon. "Durante demasiado tiempo, Columbia ha abandonado esa obligación con los estudiantes judíos que estudian en su campus".
Posteriormente, la Administración emitió una lista de exigencias a la presidenta interina de Columbia, Katrina Armstrong, advirtiendo que no se restablecería la financiación federal a menos que la universidad lograra el "cumplimiento inmediato".
Las exigencias abarcaban reformas tanto académicas como de la política del campus, entre ellas la prohibición de las máscaras en las protestas, la revisión de los procedimientos disciplinarios, la ampliación de la policía del campus con autoridad para realizar detenciones y la sometida del programa de Estudios sobre Oriente Medio de la universidad a una revisión por parte de terceros.
Armstrong aceptó muchas de esas condiciones antes de dejar su cargo. La universidad no puso al Departamento de Estudios sobre Medio Oriente, Asia del Sur y África bajo “intervención académica” durante cinco años, como exigía el gobierno, pero sí se comprometió a nombrar un nuevo vicerrector senior para supervisar esos programas. También anunció otras medidas voluntarias, como ampliar su campus satélite en Tel Aviv, (Israel).
Posteriormente, McMahon afirmó que Columbia iba “por buen camino” para recuperar los fondos, aunque no se ha tomado una decisión final.
En la demanda presentada el 26 de marzo, la AAUP y la AFT alegaron que el gobierno usaba una “táctica coercitiva” que atenta contra la autonomía institucional y pone en riesgo investigaciones científicas importantes. Pedían a la corte levantar el congelamiento y bloquear cualquier intento de cancelar o pausar subvenciones y contratos federales vigentes con la universidad.
Según los departamentos de Educación, Justicia y Salud y Servicios Humanos, la Universidad de Columbia cuenta actualmente con más de 5000 millones de dólares en compromisos de subvenciones federales.
La AAUP criticó la sentencia del lunes y prometió apelar.
"Es una sentencia decepcionante, pero no supone en absoluto el fin de esta lucha", dijo el presidente de la AAUP, Todd Wolfson, en un comunicado a varios medios de comunicación. "En última instancia, están en juego investigaciones que salvan vidas, libertades civiles básicas y la educación superior en comunidades de todo el país. El profesorado, los estudiantes y el público estadounidense no lo aceptarán. Vamos a seguir luchando".
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