Cientos de ex fiscales federales, incluido el ex abogado especial Jack Smith, firmaron una carta abierta en defensa de los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) que recientemente dimitieron. Afirman que el departamento se enfrenta al caos bajo la administración Trump.
En una carta fechada el 17 de febrero y dirigida a "fiscales federales de carrera", los firmantes afirmaron que los funcionarios de carrera del Departamento de Justicia están siendo atacados y que condenan los esfuerzos del presidente Donald Trump y de la fiscal general Pam Bondi para reformar el departamento.
"Hemos observado con alarma cómo estos valores se ponen a prueba por las recientes acciones de los dirigentes del Departamento. A alguno de ustedes se les ha ordenado tomar decisiones de acusación basadas expresamente en consideraciones distintas de los hechos y la ley, incluso con fines exclusivamente políticos", escribieron los fiscales, algunos de los cuales trabajaron anteriormente para el Distrito Sur de Nueva York, en su carta abierta.
"Alguno de ustedes se vieron obligados a plantearse si sus acciones darán lugar a la eliminación de la Sección de Integridad Pública, creada a raíz del escándalo de Watergate y cuya labor vital tiene por objeto proteger al público de la corrupción gubernamental. Varios de ustedes dimitieron y otros se preguntan qué pasará con el Departamento al que servimos y veneramos".
A principios de este mes, la fiscal federal más importante de Manhattan, Danielle Sassoon, dimitió en protesta tras una directiva del fiscal general adjunto de Estados Unidos en funciones, fiscal general adjunto Emil Bove de desestimar un caso contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.
En una carta que presagiaba su decisión, Sassoon escribió que el departamento estaba accediendo a un "quid pro quo" al retirar el caso para asegurarse la ayuda de Adams con la agenda de inmigración de Trump. Adams, Trump y otros funcionarios de la administración negaron esas afirmaciones.
Varios altos funcionarios que supervisaban la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, que procesa los casos de corrupción, se unieron a Sassoon en su dimisión. El 14 de febrero, un fiscal involucrado en el caso Adams, Hagan Scotten, se convirtió al menos en la séptima persona en dimitir en el enfrentamiento, mientras que Bove y los abogados del departamento en Washington finalmente presentaron la documentación el viernes por la noche para poner fin al caso.
Chad Mizelle, jefe de gabinete del fiscal general de EE. UU., emitió un comunicado en el que afirmaba que la decisión de desestimar el caso Adams "es una indicación más de que este Departamento de Justicia volverá a su función principal de procesar a delincuentes peligrosos, no de perseguir cazas de brujas por motivos políticos".
"El hecho de que quienes acusaron y procesaron el caso se negaran a seguir una orden directa es una prueba más de los motivos desordenados y ocultos de los fiscales", decía la declaración. "Tales individuos no tienen cabida en el Departamento de Justicia".
Adams y sus abogados dijeron anteriormente que no hubo quid pro quo en los documentos judiciales, mientras que en una carta a la corte con fecha del 3 de febrero, sus abogados afirmaron que el ex fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, estaba tratando de sacarlo de la alcaldía.
"Bajo la dirección del Sr. Williams, los fiscales federales y los agentes de la ley, orquestaron casi un año de filtraciones a la prensa previas a la acusación en relación con su 'investigación' del alcalde Adams, cuyo diseño y efecto fue paralizar políticamente al alcalde Adams y erosionar la presunción de inocencia a la que tiene derecho", dijeron sus abogados.
"De hecho, desde la dimisión del Sr. Williams, no perdió tiempo en pregonar públicamente su procesamiento del alcalde Adams en un artículo de opinión apenas velado y en su sitio web personal, hecho para el circuito de campaña".
Durante años, Trump, que se enfrentó a un proceso judicial por parte de la oficina de Smith por cargos de documentos electorales y clasificados, fue un crítico frecuente del Departamento de Justicia y lo acusa de actuar de manera politizada para poner en peligro sus posibilidades de reelección.
En una orden ejecutiva del 20 de enero, el presidente dijo que pondría fin a "la militarización del gobierno federal", incluido el Departamento de Justicia y señaló que los funcionarios federales habían "encarcelado a una persona por publicar un meme político" y por lo que, según él, era una persecución injusta de los acusados del 6 de enero de 2021, mientras que se desestimaban los casos contra Black Lives Matter y los alborotadores de izquierdas.
El martes, el juez de distrito de EE. UU. Dale Ho ordenó a Adams y a los fiscales federales que comparecieran ante la corte para discutir por qué se había desestimado el caso. El juez citó una opinión judicial que decía que un juez debe estar "satisfecho de que las razones aducidas para la desestimación propuesta son sustanciales" antes de aprobar una desestimación.
Con información de Associated Press.
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