El miércoles por la noche, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que revisara una orden judicial de un tribunal inferior que anulaba la mayoría de los aranceles globales del presidente Donald Trump.
Una corte federal de apelaciones dividida, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, dictaminó por 7 votos contra 4 el 29 de agosto en los casos V.O.S. Selections Inc. contra Estados Unidos y Oregón contra Trump que el presidente se había extralimitado en sus funciones al imponer aranceles recíprocos a las importaciones de los socios comerciales de Estados Unidos en abril, amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El miércoles por la noche, la administración Trump presentó una petición de certiorari ante la Corte Suprema para impugnar esta sentencia, solicitando al tribunal que revisara lo que el presidente describió el miércoles como "uno de los casos más importantes" que se han presentado ante la corte.
En una moción separada, el gobierno pidió a la Corte Suprema que acelerara su consideración de la revisión, según indicó la administración en su apelación.
"Esta corte debería conceder el recurso de certiorari, acelerar el examen del fondo del asunto y revocar la sentencia", escribió la administración.
En la apelación, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que permitir que la decisión entrara en vigor "conduciría a una peligrosa situación diplomática embarazosa", "expondría a Estados Unidos al riesgo de represalias" e "interrumpiría las negociaciones en curso, socavando nuestra capacidad para proteger la seguridad nacional y el bienestar económico del pueblo estadounidense".
Esto se debe a que la administración Trump ha estado utilizando los aranceles como una palanca diplomática clave, lo que permite a Estados Unidos responder a las emergencias nacionales derivadas de la importación masiva de fentanilo y otras drogas ilegales "que han cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses", así como a las décadas de déficit comercial que están socavando la capacidad manufacturera y la preparación militar de Estados Unidos, según escribió la administración en su recurso.
La Corte Federal de Apelaciones afirmó que el presidente se extralimitó en sus funciones al imponer aranceles a través de la IEEPA, ya que es probable que el Congreso no tuviera la intención de otorgar tanto poder al comandante en jefe.
"La ley otorga al presidente una autoridad significativa para emprender una serie de acciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar", afirmó la corte en su fallo del 29 de agosto. "Siempre que el Congreso tiene la intención de delegar en el presidente la autoridad para imponer aranceles, lo hace de forma explícita".
En respuesta, la Administración Trump escribió en su apelación del miércoles que la Corte Suprema "lleva mucho tiempo aprobando amplias delegaciones del Congreso al presidente para regular el comercio internacional, incluso a través de aranceles", y que la autorización que la ley otorga al presidente para regular las importaciones incluye la facultad de imponer aranceles.
El presidente dijo a un grupo de periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente polaco Karol Nawrocki el miércoles que cree que el gobierno de Estados Unidos "obtendrá una gran victoria".
"Los aranceles son vitales para nuestro país. Para que lo sepan, otros países los utilizan contra nosotros, pero yo los utilizo mucho mejor", dijo Trump el miércoles, horas antes de que la administración apelara al tribunal superior, y añadió que los aranceles están generando "billones de dólares que entran en nuestro país".
Por su parte, quienes se oponen a los aranceles afirman que perjudican a las pequeñas empresas de Estados Unidos.
"Estos aranceles ilegales están causando un grave perjuicio a las pequeñas empresas y poniendo en peligro su supervivencia. Esperamos una resolución rápida de este caso para nuestros clientes", afirmó en un comunicado Jeffrey Schwab, abogado principal del Liberty Justice Center, la organización que representó a las pequeñas empresas que interpusieron una de las demandas.
Con información de The Associated Press
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