Grupos de defensa de los inmigrantes presentaron una demanda civil colectiva el 11 de junio por el uso por parte de la administración Trump de una proclamación que, según ellos, bloqueaba efectivamente el acceso al asilo en los puertos de entrada de Estados Unidos.
La demanda fue presentada en un tribunal federal del sur de California por el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), el Consejo Americano de Inmigración, Democracy Forward y el Centro para los Derechos Constitucionales en nombre de los solicitantes de asilo que, según ustedes, huyen de la persecución y la tortura en sus países de origen.
En ella figuran como demandados Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el secretario de Estado, Marco Rubio, la fiscal general, Pam Bondi, el comisionado en funciones de la CBP, Pete Flores, y la comisionada adjunta en funciones de la CBP, Diane J. Sabatino.
A diferencia de una demanda similar presentada en febrero en una corte federal de Washington en nombre de personas que ya habían llegado a territorio estadounidense y solicitado asilo tras cruzar entre puertos de entrada, la última demanda se centra en aquellas personas que aún no se encuentran en Estados Unidos y solicitan asilo en los puertos de entrada.
La demanda se refiere a una proclamación emitida el 20 de enero por el presidente Donald Trump titulada "Garantizar la protección de los estados contra la invasión", en la que el presidente declaró una invasión en curso en la frontera sur.
La proclamación de Trump afirmaba que el proceso de control creado por el Congreso en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para controlar la entrada y salida de personas a través de las fronteras de los Estados Unidos "puede ser totalmente ineficaz en el entorno fronterizo" y estaba "dando lugar a la entrada no autorizada de innumerables extranjeros ilegales" en el país.
La proclamación suspendió la entrada en Estados Unidos a cualquier "extranjero que participara en la invasión a través de la frontera sur de Estados Unidos".
También suspendió indefinidamente la entrada de "cualquier extranjero que, antes de entrar en Estados Unidos, no proporcione a los funcionarios federales información médica suficiente y antecedentes penales y personales fiables".
Los defensores de los inmigrantes afirmaron en su demanda que la proclamación establecía barreras que hacían "prácticamente imposible" que los demandantes accedieran al proceso de asilo en Estados Unidos en los puntos de entrada.
"En primer lugar, los demandados dejaron en la estacada a personas que habían tomado decisiones drásticas y costosas basándose en los requisitos de tramitación que el gobierno había establecido", afirmaba la demanda. "A continuación, los demandados impusieron nuevos requisitos extraestatutarios sobre el historial médico y los antecedentes penales que sabían que prácticamente ningún solicitante de asilo podía cumplir, ya que las personas que huyen de la persecución rara vez llegan a la frontera con esos documentos en la mano".
Soldados de la Guardia Nacional de Texas caminan cerca del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, visto desde Ciudad Juárez, México, el 11 de marzo de 2025. (José Luis González/Reuters)La demanda argumentaba además que la administración Trump no había proporcionado un mecanismo para que las personas cumplieran con la proclamación y había violado los derechos legales de las personas que se presentaban en los puntos de entrada para solicitar asilo.
"Por el contrario, los demandados tienen la obligación legal de proporcionar acceso al proceso de asilo de los Estados Unidos", escribieron los defensores de los inmigrantes. "Nada en la INA ni en ninguna otra fuente de derecho permite las acciones de los demandados".
La demanda solicita al tribunal que declare ilegal la proclamación presidencial, anule las medidas que, según los demandantes, han puesto fin de facto al acceso al asilo en los puertos de entrada y restablezca la posibilidad de solicitar asilo en los puertos de entrada, incluso para las personas cuyas citas fueron canceladas cuando Trump asumió el cargo.
"La prisa del presidente Trump por abandonar a los solicitantes de asilo que huyen de circunstancias peligrosas y temen por sus vidas es una extralimitación ilegal que pone en peligro a miles de personas, incluidos niños, en situaciones desesperadas", dijo Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado.
"Estados Unidos ha ofrecido refugio a quienes buscan asilo durante el último medio siglo. Esta administración no puede socavar nuestros valores democráticos y los derechos consagrados en la legislación estadounidense de un plumazo".
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
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