El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una ley que amplía el acceso a las ayudas financieras para estudiantes financiadas por los contribuyentes a los no ciudadanos, incluidos los inmigrantes ilegales.
El 15 de agosto, Pritzker aprobó la HB460, que modifica la Ley de Retención de Estudiantes y Equidad de Illinois (RISE) de 2019. Esa ley anterior permitía a los inmigrantes ilegales en Illinois —incluidos los beneficiarios del DACA y otros no ciudadanos sin residencia permanente legal— acceder a programas de ayuda financiera financiados por el estado. La nueva enmienda, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, amplía la elegibilidad más allá de la ayuda administrada por el estado para cubrir también los programas ofrecidos por los gobiernos locales y las universidades públicas.
La senadora estatal Celina Villanueva, demócrata y copatrocinadora del proyecto de ley, dijo que la medida está diseñada para garantizar que los estudiantes de Illinois reciban el mismo trato independientemente de su estatus migratorio. Afirmó que la legislación elimina un mosaico de requisitos confusos y, en ocasiones, contradictorios que han dejado a los “estudiantes indocumentados, con DACA y con estatus mixto” sin acceso a las ayudas gubernamentales.
“Si vives en Illinois y estás cursando estudios superiores, debes tener acceso a las mismas oportunidades que tus compañeros”, declaró Villanueva en un comunicado el 15 de agosto. “Esta ley tiene por objeto garantizar que ningún estudiante se quede atrás por el lugar en el que ha nacido”.
Los republicanos criticaron la medida, diciendo que conlleva al mal uso del dinero de los contribuyentes.
“El gobernador Pritzker firmó el proyecto de ley 460 de la Cámara de Representantes, una legislación que garantiza a los inmigrantes ilegales en Illinois el acceso a la ayuda financiera para estudiantes”, dijo el representante estatal Chris Miller, republicano, en un comunicado el 18 de agosto. “Mientras ustedes se las arreglan para pagar facturas de electricidad de 500 dólares, él rápidamente firmó el proyecto de ley HB460, ¡dando a los ilegales la universidad gratis! Desde que Pritzker asumió el cargo, los ciudadanos de Illinois han sido abandonados, mientras que los ilegales reciben todas las ayudas que necesitan para sentirse como en casa en Illinois”.
El Comité Nacional Republicano del Congreso se hizo eco de esas críticas. El portavoz del comité, Mike Marinella, dijo en un comunicado el 19 de agosto que JB Pritzker y otros demócratas “están haciendo todo lo posible por recompensar a los inmigrantes ilegales mientras los agentes del orden son agredidos, robados y tiroteados”.
“Así es el Partido Demócrata moderno: Los delincuentes reciben ayudas, los policías son demonizados y los estadounidenses trabajadores son los que pagan la cuenta”, afirmó.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de Pritzker para solicitar comentarios sobre las críticas.
La medida de Illinois contrasta con las medidas a nivel federal, donde la administración Trump ha estado tomando medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó casi una docena de directivas sobre inmigración, entre ellas la suspensión de las solicitudes de asilo en la frontera sur y el fin de la ciudadanía por nacimiento.
En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva con el objetivo de poner fin a todas las prestaciones financiadas por los contribuyentes para los inmigrantes ilegales. La orden señala que una ley de bienestar social vigente desde hace décadas niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que se encuentran en el país de forma ilegal, pero que esta ley ha sido socavada.
“En los últimos cuatro años, en particular, la administración anterior socavó repetidamente los objetivos de esa ley, lo que dio lugar a un gasto indebido de importantes recursos de los contribuyentes”, reza la orden.
A principios de este mes, Trump anunció planes para ordenar al Departamento de Comercio que preparara un nuevo censo que excluyera a los inmigrantes ilegales del recuento de población utilizado para determinar la financiación federal y la representación en el Congreso.
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