El gobierno federal dijo el 20 de febrero que pondría fin anticipadamente a la protección contra la deportación de unos 500,000 haitianos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, rescindió parcialmente una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos que había sido aprobada durante la administración anterior, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
En virtud del TPS, la secretaria de Seguridad Nacional puede proteger a los ciudadanos de ciertos países de la deportación si determina que existen "condiciones extraordinarias y temporales" en esos países que impiden que los inmigrantes regresen a sus hogares de manera segura. La protección suele prorrogarse varias veces una vez otorgada.
En junio de 2024, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, prorrogó el TPS para los haitianos por 18 meses, hasta el 3 de febrero de 2026, citando la violencia actual en Haití, así como las dificultades que enfrentan los residentes para acceder a alimentos, agua y atención médica.
Noem anuló parcialmente la extensión, estableciendo una nueva fecha de vencimiento para el 3 de agosto de 2025, dijo el DHS en un aviso oficial.
Noem tomó la decisión porque los funcionarios de la administración anterior no explicaron por qué eligieron una prórroga de 18 meses en lugar de un período más corto, según la agencia. El período de prórroga predeterminado establecido por el Congreso es de seis meses. Los funcionarios de la era Biden tampoco explicaron cómo determinaron que permitir que los ciudadanos haitianos permanezcan en Estados Unidos no es contrario al interés nacional estadounidense.
La ley que otorga al secretario de Seguridad Nacional el poder de emitir protección bajo el TPS dice que el secretario no puede colocar a un país en el programa ni extender la protección si concluye que hacerlo sería "contrario al interés nacional de los Estados Unidos".
"Abreviar el período de 18 a 12 meses permitirá una nueva revisión de las condiciones en Haití y de si dichas condiciones siguen siendo tanto 'extraordinarias' como 'temporales', si los haitianos pueden regresar en condiciones de seguridad y si es contrario al interés nacional de Estados Unidos seguir permitiendo que los nacionales haitianos permanezcan temporalmente en Estados Unidos", afirma el aviso.
Noem estudiará el asunto y podría tomar medidas adicionales, dijo la agencia.
"La crisis en Haití es real y, en lugar de darle la espalda, deberíamos apoyar al pueblo haitiano", escribió la representante Frederica Wilson (D-Fla.) en la plataforma de redes sociales X. "Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un faro de esperanza para quienes buscan refugio del peligro y no podemos abandonar esa responsabilidad ahora".
A los haitianos se les concedió el TPS por primera vez en 2010, y los intentos del gobierno federal durante el primer mandato del presidente Donald Trump de poner fin a la protección fueron bloqueados por las cortes.
Según datos federales, en 2011, el número de haitianos protegidos por el TPS era de unos 57,000, y en 2024 esa cifra se disparó a unos 520,000.
"Biden y Mayorkas intentaron atarle las manos a la administración Trump al extender el Estatus de Protección Temporal de Haití por 18 meses, mucho más de lo justificado o necesario", dijo un portavoz del DHS en una declaración del 20 de febrero. "Estamos devolviendo la integridad al sistema TPS, que ha sido abusado y aprovechado por inmigrantes ilegales durante décadas. El presidente Trump y la secretaria Noem están devolviendo el TPS a su estatus original: temporal".
Trump dijo durante la campaña que revocaría el estatus legal de los haitianos que viven en Springfield, Ohio, después de que los residentes de la ciudad se quejaran de que los inmigrantes allí estaban causando problemas de calidad de vida.
Aproximadamente un millón de inmigrantes de 17 países estaban cubiertos por el TPS cuando Trump asumió el cargo en enero.
Noem retiró el TPS a muchos venezolanos en Estados Unidos a principios de febrero después de determinar que ha habido mejoras en el país desde una evaluación de las condiciones allí realizada en 2023.
Incluso si las condiciones aún fueran temporales y extraordinarias, mantener la protección del TPS para los venezolanos va en contra del interés nacional, decía el aviso del DHS en ese momento.
El 20 de febrero, dos organizaciones sin fines de lucro demandaron a Noem y al DHS, alegando que la decisión de Noem de revocar la decisión sobre Venezuela era inválida.
"El DHS no tiene autoridad para ‘revocar’ una prórroga previa del TPS", afirma la denuncia, presentada en una corte federal de Maryland. "El estatuto del TPS restringe estrictamente los procedimientos y el plazo en los que se puede dar por terminada una designación del TPS, y el DHS no puede ignorar flagrantemente estas restricciones".
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