La condena al antiguo magnate de los medios de comunicación de Hong Kong Jimmy Lai en virtud de una ley de seguridad nacional redactada por el régimen comunista chino suscita la condena de gobiernos y legisladores de todo el mundo, que han calificado la sentencia como un acto con motivaciones políticas y de eliminación del Estado de derecho en el territorio.
Lai, un crítico abierto del Partido Comunista Chino (PCCh), se enfrenta ahora a cadena perpetua tras ser declarado culpable de dos cargos de "conspiración para coludir con fuerzas extranjeras" en virtud de la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing y de un tercer cargo de "sedición" en virtud de una ley de la época colonial.
El veredicto de culpabilidad fue dictado el 15 de diciembre por un tribunal compuesto por tres jueces de seguridad nacional, seleccionados por el Gobierno pro-Beijing de la ciudad, en los tribunales de West Kowloon Magistrates' Courts de Hong Kong.
Lai se había declarado inocente de los tres cargos.
La audiencia para determinar las circunstancias atenuantes comenzará el 12 de enero. La sentencia se dictará más adelante, según informó el gobierno de la ciudad. Lai decidirá si apela tras la sentencia, según su abogado, Robert Pang.
El gobierno del Reino Unido declaró que Lai, ciudadano británico, fue objeto de persecución por parte de Hong Kong y Beijing por "ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión".
"El Reino Unido condena el enjuiciamiento por motivos políticos de Jimmy Lai, que ha dado lugar al veredicto de culpabilidad de hoy", declaró la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, en un comunicado. "Seguimos pidiendo la liberación inmediata del Sr. Lai, que reciba todo el tratamiento necesario y que tenga pleno acceso a profesionales médicos independientes".
Lai, que padece diabetes y problemas cardíacos, lleva encarcelado en Hong Kong desde diciembre de 2020. Según su familia y su equipo legal, ha pasado la mayor parte de este tiempo en régimen de aislamiento.
El Servicio Europeo de Acción Exterior, el brazo diplomático de la Unión Europea, se hizo eco de este sentimiento.
"Este proceso tiene motivaciones políticas y es emblemático de la erosión de la democracia y las libertades fundamentales en Hong Kong desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020", afirmó el Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado, en el que reiteraba su petición de la liberación inmediata e incondicional de Lai.
La ley de seguridad nacional tipifica como delito los discursos o acciones considerados secesionistas, subversivos o terroristas, así como aquellos que se consideran colusión con fuerzas extranjeras contra el régimen comunista. Las penas pueden ser tan severas como la cadena perpetua.
Un agente de policía vigila mientras la gente espera en fila para entrar en el edificio de los tribunales de West Kowloon para escuchar los veredictos del juicio por seguridad nacional contra el magnate de los medios de comunicación prodemocráticos Jimmy Lai, en Hong Kong, el 15 de diciembre de 2025. (Leung Man Hei/AFP a través de Getty Images)Cinco años después de la entrada en vigor de la draconiana ley, la antigua colonia británica ha evolucionado hacia un mayor autoritarismo: activistas y legisladores prodemocráticos han sido encarcelados o se han exiliado, se han cerrado periódicos independientes y portales en línea, y se han disuelto destacados grupos civiles.
El 14 de diciembre, el Partido Demócrata, el partido prodemocrático más antiguo de Hong Kong, votó a favor de su disolverse en medio de la represión política del PCCh.
Taiwán
La condena al magnate de los medios de comunicación de Hong Kong deja a Taiwán y a la comunidad internacional "profundamente entristecidos y decepcionados", según declaró el Consejo de Asuntos Continentales de Taipéi, Taiwán."El Gobierno de Hong Kong siempre ha hecho hincapié en [...] 'contar bien la historia de Hong Kong', pero ninguna narrativa puede ocultar el hecho de que reprime la libertad de expresión y persigue a los activistas prodemocráticos", afirmó en un comunicado la agencia gubernamental taiwanesa, responsable de supervisar las relaciones con Beijing.
La sentencia contra Lai sirve esencialmente como una "declaración" al mundo que dice que las libertades, la democracia y la independencia judicial en Hong Kong han sido "sistemáticamente erosionadas", afirmó.
El PCCh considera que Taiwán, una democracia autónoma, forma parte de su territorio y ha ofrecido un marco de "un país, dos sistemas" para Taiwán, similar al que prometió aplicar a Hong Kong hasta 2047. Esa idea ha sido rechazada por el presidente taiwanés Lai Ching-te, que se ha comprometido a mantener el statu quo con dignidad y a defender la libertad de la nación insular.
Familia
Sebastien Lai, hijo del editor encarcelado, pidió ayuda urgente para liberar a su padre, que cumplió 78 años el 8 de diciembre.En una rueda de prensa en Londres, Sebastien Lai calificó como "desgarrador" el "rápido" deterioro de la salud de su padre y afirmó que el antiguo empresario había perdido 10 kilogramos (unas 22 libras) solo en el último año.
"Es hora de pasar de las palabras a los hechos y hacer de la liberación de mi padre una condición previa para estrechar las relaciones con China", dijo el joven Lai poco después de que la Corte Superior de Hong Kong dictara la sentencia.
Sebastien Lai Sung-yan, hijo del magnate de los medios de comunicación de Hong Kong Jimmy Lai, encarcelado, posa para una fotografía tras una rueda de prensa en Londres, el 15 de diciembre de 2025. (Henry Nicholls/AFP a través de Getty Images)
Legisladores
Unos 76 legisladores de 30 países emitieron una declaración en la que piden a los gobiernos de todo el mundo que condenen esta "farsa de justicia"."Si Beijing hubiera respetado la Declaración Conjunta Sino-Británica y otros instrumentos vinculantes del derecho internacional, este proceso judicial nunca habría podido llevarse a cabo", afirmaron en la declaración los legisladores de la Alianza Interparlamentaria sobre China.
"Por lo tanto, el sufrimiento de Jimmy Lai se debe, en parte, al fracaso de la comunidad internacional a la hora de hacer cumplir las obligaciones legales de China".
Los legisladores instaron a sus gobiernos a dejar claro que las violaciones graves del derecho internacional tendrán "consecuencias".
"No se puede seguir como si nada con un Estado que persigue a personas inocentes por motivos inventados", afirmaron en la declaración.
