Los expertos en derechos humanos afirmaron que denunciar y avergonzar al Partido Comunista Chino (PCCh), actualmente en el poder, sería la mejor estrategia para hacer frente a sus horribles prácticas de extracción de órganos a presos de conciencia.
Médicos contra la Extracción Forzada de Órganos (DAFOH), un grupo médico sin fines de lucro con sede en Washington, organizó un foro virtual de dos días, el 9 y 10 de diciembre, con motivo de los aniversarios de la Convención sobre el Genocidio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El evento se centró en los crímenes del PCCh de extracción forzada de órganos, específicamente la persecución estatal a los practicantes de Falun Gong.
Durante una mesa redonda celebrada el segundo día del foro, Katrina Lantos Swett, presidenta de la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia, afirmó que es importante ejercer una "presión implacable" sobre el PCCh y "aumentar el nivel de horror, conmoción e indignación por lo que este PCCh criminal está haciendo a seres humanos inocentes".
Swett sugirió que las partes interesadas recurran a "avergonzar, condenar y denunciar las atrocidades cometidas por los gobiernos infractores".
Afirmó que dicha estrategia funcionaría porque el PCCh no quiere que la gente se entere del crimen, consciente de la repulsión moral que provocaría.
"Sabemos que el PCCh es consciente de lo vergonzoso, repulsivo y repugnante que resulta para cualquier ser humano normal su programa de sustracción forzada de órganos, y la razón por la que lo sabemos es porque mienten al respecto", afirmó Swett.
Según ella, lo que Beijing afirmó falsamente es que dejó de obtener órganos de presos ejecutados y ha pasado a un programa de donación voluntaria, una transición que, según el PCCh, comenzó en enero de 2015.
Un estudio de 2019 publicado en la revista científica BMC Medical Ethics señaló que los datos sobre donación de órganos de China, a diferencia de los de otros 50 países, encajan inusualmente bien en una ecuación cuadrática. La única explicación para ese patrón estadístico, según los autores, es la manipulación de datos.
"¿Cómo podemos utilizar como arma el orgullo de China y su gran susceptibilidad a ser avergonzada en la escena internacional?", se preguntó Swett. "¿Cómo podemos utilizar eso como arma para que se convierta en una crisis para ellos, y esperemos que una crisis interna, a medida que este tema gana familiaridad, conciencia e indignación en todo el mundo?".
"Haciendo que se avergüencen de la realidad de sus propios actos", respondió.
Nombrar y avergonzar sería más eficaz que perseguir el tema a través de "mecanismos legales áridos" o mecanismos de la ONU, dijo Swett.
El régimen chino ocupa actualmente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a pesar de ser uno de los peores violadores de los derechos humanos del mundo. Los expertos en China han dicho anteriormente que el régimen chino estaba remodelando las normas que rigen el escrutinio de la ONU sobre el historial de derechos humanos de los países.
Ley de Protección de Falun Gong
Una forma concreta de impulsar esta estrategia de denuncia pública es ayudar a que se apruebe la Ley de Protección de Falun Gong, según Jan Jekielek, editor senior de The Epoch Times y presentador del programa "American Thought Leaders" de EpochTV."Sin duda, el Partido Comunista Chino está trabajando muy duro para impedir que se apruebe la Ley de Protección de Falun Gong, porque entonces se convertirá en ley que el PCCh está haciendo esto, lo cual es un mensaje muy poderoso", afirmó Jekielek durante la mesa redonda.
Katrina Lantos Swett, presidenta de la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia y copresidenta de la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa, y Jan Jekielek, editor senior de The Epoch Times y presentador de "American Thought Leaders", en Washington, el 2 de febrero de 2023. (Wei Wu/The Epoch Times)La legislación, aprobada por unanimidad por la Cámara de Representantes en mayo, responsabilizaría a las personas involucradas en la extracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong mediante la imposición de sanciones específicas, como restricciones de visado, multas de hasta un millón de dólares y 20 años de prisión.
También exigiría a Estados Unidos que adoptara la política de evitar colaborar con China en materia de trasplantes de órganos mientras el PCCh esté en el poder.
La versión del Senado de la legislación (S.817) se encuentra actualmente ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
En una publicación en X el 30 de noviembre, DAFOH instó al senador Jim Risch (R-Idaho), presidente de la comisión, a que impulsara la legislación.
"Creemos que el PCCh no puede sobrevivir si se expone claramente la sustracción forzada de órganos y Estados Unidos deja de apoyar este atroz crimen contra la humanidad", escribió DAFOH.
En 2020, el Tribunal de China, un tribunal popular independiente con sede en Londres, llegó a la conclusión de que el régimen chino se había dedicado durante años a la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia, y se identificó a los practicantes de Falun Gong como las principales víctimas.
Sir Geoffrey Nice, que presidió el tribunal, abordó las conclusiones de 2020 durante la mesa redonda.
"Aplicamos el criterio más estricto de comprobación de los hechos: la prueba más allá de toda duda razonable", dijo Nice. "Encontramos los hechos, aplicamos la ley, llegamos a conclusiones, y esas conclusiones fueron de crímenes contra la humanidad y tortura".
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual basada en los principios de Verdad, Compasión y Tolerancia. Introducida al público en China en 1992, la práctica se expandió rápidamente de boca en boca, llegando a entre 70 y 100 millones de personas según estimaciones oficiales, antes de que el PCCh la considerara una amenaza y comenzara una violenta campaña para erradicar al grupo en China en 1999, además de una campaña de difamación para justificar sus acciones, algunas de las cuales se extendieron a los medios de comunicación occidentales.
Las campañas continúan hasta el día de hoy, y muchos practicantes están encarcelados en centros de detención, campos de trabajo y centros de lavado de cerebro, donde se denunciaron ampliamente casos de trabajos forzados, torturas y muertes.
En los primeros seis meses de este año, se documentaron 76 nuevas muertes de practicantes de Falun Gong a manos del PCCh, según Minghui.org, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que realiza un seguimiento de la persecución de Falun Gong en China.
Cornelia Kaminski, presidenta federal de Aktion Lebensrecht für Alle, dijo en la mesa redonda que la defensa de los derechos humanos es especialmente importante para proteger a los vulnerables frente a los que ostentan el poder.
"La Unión Europea debería empezar a pensar en su propia Ley de Protección de Falun Gong", afirmó Kaminski.
Con información de Eva Fu.
