Más de una docena de estados con mayoría republicana exigieron al Congreso que prohíba las llamadas leyes de protección al aborto, estatutos en estados pro-aborto que protegen a los proveedores de responsabilidad por infringir las leyes antiaborto en otros lugares.
En una carta del 29 de julio dirigida a los líderes del Congreso de ambas cámaras, los fiscales generales republicanos de 15 estados describieron las leyes como una afrenta al federalismo y un desafío al fallo Dobbs de la Corte Suprema, que devolvió la política de aborto a los estados.
Los firmantes de la carta dicen que las leyes de protección al aborto permiten a los médicos en estados como California y Nueva York desafiar las prohibiciones en otros lugares, incluso enviando medicamentos abortivos por correo a estados donde el procedimiento es ilegal, mientras evaden la extradición o sanciones civiles.
Los fiscales generales argumentan que las leyes violan la Cláusula de Plena Fe y Crédito, que exige que los estados respeten las decisiones judiciales de los demás, y la Cláusula de Extradición, que obliga a los sospechosos de delitos a regresar al estado donde buscan ser procesados.
"El Congreso debería considerar intervenir para remediar este problema... El Congreso debería evaluar si debe abordar este asunto directamente con una legislación que invalide la ley de protección estatal", escribieron los fiscales generales.
"Esto podría garantizar que cada estado conserve la capacidad de restringir los abortos como considere oportuno dentro de sus fronteras, sin interferencia de otros estados, y preservando los principios del federalismo".
El fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, quien encabezó la carta, declaró en una conferencia de prensa el martes en Little Rock: "No se trata de que yo haga cumplir la ley de Nueva York ni viceversa".
"Se trata de que un estado interfiera… en la aplicación de la ley de otro estado", declaró Griffin.
Nueva York se niega a extraditar a la Dra. Margaret Carpenter, doctora neoyorquina que fue acusada formalmente por un gran jurado de Luisiana a principios de este año por presuntamente violar la prohibición del aborto en ese estado al enviar por correo píldoras abortivas a una paciente de Luisiana. En una conferencia de prensa en Manhattan en febrero, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, hizo referencia a las leyes de protección al aborto de Nueva York al negarse a firmar la extradición.
"Luisiana ha cambiado sus leyes, pero eso no afecta a las leyes del estado de Nueva York", declaró Hochul. "Los médicos juran proteger a sus pacientes. Yo juré proteger a todos los neoyorquinos y defenderé no solo nuestra constitución, sino también las leyes de nuestro país".
Hochul añadió: "Seré clara: no firmaré la orden de extradición de Luisiana, ni ahora ni nunca".
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, criticó a su homólogo neoyorquino por "proteger a los delincuentes por encima de las víctimas" en una publicación en redes sociales.
En contraste, la Asociación de Abogados del Condado de Nueva York elogió a Hochul por la decisión.
"Los líderes de la Asociación de Abogados del Condado de Nueva York, junto con nuestro Grupo de Trabajo de Derechos Reproductivos, se enorgullecen de apoyar a la gobernadora Hochul y a la Dra. Carpenter, y de apoyar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de aborto integrales y compasivos, libres de intimidación legal", declaró el grupo en un comunicado.
La ley de protección de Nueva York prohíbe a las autoridades estatales y locales cooperar con investigaciones de otros estados o solicitudes de extradición relacionadas con servicios de salud reproductiva legales en Nueva York, incluidos los abortos.
"La extradición solo es permisible si el acto de la Dra. Carpenter constituye un delito tanto en Nueva York como en Luisiana", escribió el grupo. "Ese no es el caso aquí: brindar servicios de aborto con medicamentos por correo es perfectamente legal en Nueva York".
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