Las autoridades federales solicitaron a una corte que desestimara el caso contra Peter Navarro, asesor del presidente Donald Trump.
En 2022, el gobierno demandó a Navarro, en ese momento exasesor de Trump, por negarse a entregar los correos electrónicos privados que envió durante el primer mandato de Trump.
En una notificación de desestimación presentada el 3 de junio, funcionarios del Departamento de Justicia y abogados de Navarro dijeron que habían acordado desestimar el caso con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarse en el futuro.
El documento de una página no explicaba por qué las partes solicitan a la corte que desestime el caso.
El Departamento de Justicia y uno de los abogados de Navarro no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El juez federal G. Michael Harvey, tras la presentación de la notificación, canceló una reunión que estaba prevista para el 4 de junio.
Navarro asesoró a Trump en materia de comercio y respuesta a la pandemia de COVID-19 durante el primer mandato del presidente y actualmente es asesor de la Casa Blanca para comercio y fabricación.
En la demanda, el gobierno afirma que Navarro utilizó al menos una cuenta de correo electrónico no oficial, alojada en Proton Mail, para enviar y recibir mensajes mientras asesoraba al presidente entre 2017 y 2021.
Tras la salida de Trump del cargo, la Administración Nacional de Archivos y Registros, que recopila los documentos presidenciales, intentó ponerse en contacto con Navarro para obtener los correos electrónicos, pero Navarro no respondió, según el gobierno.
Más tarde, los funcionarios se pusieron en contacto con Navarro, pero las negociaciones previas al litigio "finalmente resultaron infructuosas", afirmó la demanda.
"El Sr. Navarro se ha negado a devolver cualquier documento presidencial que conservara sin que se le concediera inmunidad por el acto de devolver dichos documentos", dice el documento.
El Departamento de Justicia solicitó a la corte que obligara a Navarro a entregar los documentos.
Sus abogados respondieron que Navarro había invocado el privilegio ejecutivo, "retrasando válidamente el plazo en el que debe presentar los registros solicitados por el archivero".
El juez federal que supervisa el caso ordenó posteriormente a Navarro que entregara cientos de correos electrónicos de la cuenta de Proton Mail, al considerar que podían estar amparados por la Ley de Registros Presidenciales. El abogado de Navarro afirmó que había entregado los registros al gobierno.
Harvey revisó una muestra de los correos electrónicos y dijo que algunos eran registros presidenciales, mientras que otros no lo eran.
En un caso aparte, Navarro fue acusado y condenado por desacato al Congreso por negarse a cooperar con una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigaba el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Cumplió cuatro meses de prisión y fue puesto en libertad en julio de 2024.
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