El Departamento de Justicia (DOJ) indicó el miércoles que solicitará rápidamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revise la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
En un escrito presentado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, en Seattle, los abogados del DOJ informaron a un juez federal sobre sus planes de solicitar a la alta corte que revise la orden.
"A la luz de la decisión del Noveno Circuito, los demandados afirman que el fiscal general tiene la intención de solicitar rápidamente un recurso de certiorari para que la Corte Suprema pueda resolver la legalidad de la Orden de Ciudadanía en el próximo trimestre, pero aún no determina qué caso o combinación de casos llevará ante la corte", dijeron los abogados del DOJ al juez federal John Coughenour.
En junio, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, con sede en San Francisco, dictaminó que la orden de Trump que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional, confirmando una decisión de Coughenour que anteriormente había bloqueado su aplicación en todo el país. Posteriormente, la Corte Suprema dictaminó que, en algunos casos, los jueces federales no pueden emitir mandamientos judiciales a nivel nacional. No se pronunció sobre el fondo de los argumentos de la administración Trump relativos a la prohibición de la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes ilegales.
Una apelación ante la Corte Suprema permitiría a la alta corte revisar si la orden de Trump es admisible en virtud de la 14.ª Enmienda de la Constitución.
Varios otros jueces federales se pronunciaron en contra de la administración Trump sobre la orden desde que fue firmada por el presidente en enero. El miércoles por la noche, la jueza federal Deborah Boardman dictaminó que el Gobierno no puede denegar la ciudadanía a los hijos de personas que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal, afirmando que es "muy probable" que los demandantes que presentaron el caso tengan éxito.
El texto de la orden dice que la 14.ª Enmienda "nunca se ha interpretado en el sentido de otorgar la ciudadanía universalmente a todas las personas nacidas en los Estados Unidos" y que la enmienda ha excluido ese privilegio a las personas nacidas en los Estados Unidos pero que no están "sujetas a su jurisdicción".
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la frase "sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos" que figura en la enmienda significa que la ciudadanía no se confiere automáticamente a los niños por el solo hecho de haber nacido en el país.
La orden de Trump afirma que un niño nacido en el país no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o se encuentra en el país de forma legal pero temporal y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Se han presentado al menos nueve demandas en todo el país contra esta orden. Mientras tanto, Trump y los abogados del Departamento de Justicia también afirmaron que la cláusula de ciudadanía por nacimiento, recogida en la 14.ª Enmienda, fue diseñada para otorgar la ciudadanía a las personas que eran esclavas o hijos de esclavas inmediatamente después de la Guerra Civil, hace más de 160 años.
Algunos grupos que presentaron demandas contra la orden, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmaron que la ciudadanía por nacimiento es legal. En un comunicado emitido el jueves, la ACLU dijo que la doctrina jurídica es "fundamental para nuestra identidad como nación" y afirmó que "todos los niños nacidos en este país pertenecen aquí y son miembros iguales de nuestra comunidad nacional, independientemente de quiénes sean sus padres".
Con información de Associated Press.
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