El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la semana pasada que desestimará su recurso en un caso que impugna la prohibición federal de portar armas ocultas en las oficinas del Servicio Postal de los Estados Unidos.
En una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), el 15 de agosto, el DOJ declaró que desestimaba su recurso pendiente en el caso conocido como Estados Unidos contra Ayala, que involucraba a un conductor de un camión del Servicio Postal de los Estados Unidos que tenía un permiso de porte oculto y llevaba una pistola oculta mientras entraba en una oficina de correos.
El conductor, Emmanuel Ayala, fue detenido por dos agentes de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos, que intentaron detenerlo. Huyó del lugar, pero más tarde fue detenido por la policía de Tampa (Florida), según documentos judiciales.
Ayala fue posteriormente acusado de posesión de un arma de fuego en una instalación federal y de resistencia a la autoridad.
En la carta del Departamento de Justicia, el fiscal general D. John Sauer escribió que Ayala "llevaba un arma de fuego en el trabajo para defenderse" y que el Departamento de Justicia ha desestimado su recurso ante la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito de Estados Unidos. El departamento había presentado su recurso después de que un juez federal desestimara en 2024 los cargos federales por tenencia de armas y considerara que la ley que prohíbe llevar armas ocultas con permiso de porte oculto en una oficina de correos viola la Segunda Enmienda.
"El Departamento ha determinado que, en estas circunstancias, continuar con el recurso no es un uso adecuado de los recursos fiscales", dice la carta.
La carta afirma que el cargo de resistencia a la autoridad presentado contra Ayala sigue pendiente.
La orden de 2024 del juez federal citaba la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York State Rifle & Pistol Association vs Bruen al afirmar que "el gobierno debe señalar los principios históricos que permitirían" prohibir las armas en las oficinas de correos.
"Los hechos y argumentos presentados por Estados Unidos no cumplen con la carga que les impone Bruen, y mucho menos preservan posibles arrugas basadas en principios constitucionales contradictorios", escribió la jueza Kathryn Kimball Mizelle, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, en la orden.
La carta de Sauer se produce cuando la administración Trump ha tomado medidas para relajar ciertas restricciones relacionadas con las armas. Por ejemplo, el Departamento de Justicia anunció en marzo un acuerdo sobre una serie de casos relacionados con un producto de recambio para gatillos que el gobierno había argumentado anteriormente que se consideraba un arma automática según la ley federal.
"Este Departamento de Justicia cree que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase", declaró la fiscal general Pam Bondi en un comunicado en ese momento.
Varias semanas después, en junio, 16 estados controlados por los demócratas demandaron a la administración Trump por el plan de permitir la venta de gatillos de reinicio forzado.
Y en julio, el Departamento de Justicia declaró que había publicado una propuesta de norma para conceder una exención a determinadas personas a las que se les prohíbe poseer armas y que les permitiría recuperar su derecho a poseer un arma de fuego.
"Salvo circunstancias extraordinarias, los delincuentes violentos, los delincuentes sexuales registrados y los extranjeros ilegales, en particular, seguirán siendo presuntamente inelegibles para la exención", declaró el Departamento de Justicia en un comunicado el 18 de julio.
También sugirió que las personas condenadas sin tener en cuenta su capacidad para cometer actos violentos podrían recuperar su derecho a poseer armas.
Con información de Associated Press
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