El Departamento de Justicia está instando a un juez federal a que no conceda la solicitud del gobernador de California, Gavin Newsom, de limitar las órdenes del presidente a las tropas de la Guardia Nacional en medio de los disturbios en Los Ángeles.
«En una burda maniobra política que pone en peligro vidas estadounidenses, el gobernador de California pretende utilizar esta corte para impedir que el presidente de Estados Unidos ejerza su poder legal, estatutario y constitucional para garantizar la protección del personal y las instalaciones federales», afirmaron los abogados del departamento en un escrito presentado el 11 de junio.
Newsom demandó al gobierno de Trump el 9 de junio, alegando que el presidente había tomado ilegalmente el control de la Guardia Nacional del estado.
Poco después, solicitó una orden de restricción temporal que impidiera al presidente Donald Trump desplegar tropas federalizadas de la Guardia Nacional para ayudar a los agentes federales a hacer cumplir la ley federal.
También solicitó al juez que impidiera a las tropas federalizadas patrullar las comunidades o participar en actividades de aplicación de la ley «más allá de las inmediaciones de los edificios federales u otras propiedades inmobiliarias propiedad del gobierno federal o arrendadas por este».
En contra de esa solicitud, el Departamento de Justicia sostuvo que ni la Guardia Nacional ni los marines desplegados participaban en actividades policiales.
«Más bien, están protegiendo a las fuerzas del orden, de acuerdo con una práctica arraigada y el poder protector inherente para garantizar la seguridad de los bienes y el personal federal», se lee en el escrito del departamento.
También afirma que «una orden judicial no solo obstaculizaría la aplicación de la ley federal, sino que también expondría a los empleados y los bienes federales a la violencia y el vandalismo de los alborotadores en Los Ángeles».
El escrito es la última salva en la batalla en curso entre Newsom y Trump, quien afirmó que las autoridades de California no protegieron Los Ángeles durante los disturbios que estallaron en respuesta a la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
En su demanda, Newsom acusó a Trump de entrometerse en la autoridad estatal y de violar la Ley Posse Comitatus, que limita el uso del ejército en el territorio nacional.
Según él, la aplicación de la ley es competencia de las autoridades estatales.
Parte de la demanda del Departamento de Justicia argumentaba que el presidente «tiene una autoridad constitucional inherente para proteger al gobierno federal y la Ley Posse Comitatus no cambia eso».
Relataba cómo se vandalizó una corte federal y las autoridades de inmigración sufrieron varios ataques.
«Seis horas de enfrentamientos ininterrumpidos entre funcionarios federales y manifestantes» el 7 de junio, con vehículos dañados y fuegos artificiales tipo mortero lanzados contra los agentes, dijo el Departamento de Justicia.
Aunque la ley federal permite a Trump ordenar a la Guardia Nacional, Newsom dijo que Trump no siguió el procedimiento adecuado para aplicar esa ley.
La sección 12406 de la ley federal permite al presidente federalizar a los miembros de la Guardia Nacional en múltiples condiciones.
Entre ellas se incluyen una invasión o peligro de invasión, rebelión o peligro de rebelión y cuando «el presidente es incapaz de ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares».
Newsom alegó que no se cumplía ninguna de esas condiciones y que se desobedeció una parte de la ley que menciona a los gobernadores estatales.
Esa parte dice que los presidentes pueden responder a invasiones, rebeliones e incapacidad para ejecutar las leyes con órdenes «emitidas a través de los gobernadores de los estados».
La demanda de Newsom indicaba que esa redacción requería algún tipo de interacción con el gobernador u obtener su permiso antes de federalizar las tropas.
Como mínimo, argumentaba la demanda, Trump debió consultar de alguna manera al gobernador.
«Los demandados no notificaron al gobernador Newsom las órdenes ni intentaron obtener su consentimiento», se lee en la demanda. «Tampoco emitieron sus órdenes a través del gobernador, como lo exige la ley».
El Departamento de Justicia respondió que la redacción de la ley no exigía que Trump obtuviera el permiso de Newsom y que la propia ley no permitía a Newsom impedir de alguna manera la orden de Trump.
Al dirigir una orden «a través» del gobernador, argumentó el departamento, la sección 12406 convertía a Newsom en un «mero conducto» de la decisión del presidente.
También argumentó que los jueces no tenían autoridad para cuestionar la determinación de Trump de que se cumplieron las condiciones necesarias para que él interviniera.
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