El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dijo que podría retirar los cargos penales contra Boeing por las acusaciones de que la empresa engañó a los reguladores federales antes de los dos accidentes del 737 Max en los que murieron 346 personas.
En un documento presentado el 17 de mayo, el DOJ dijo que funcionarios del gobierno se reunieron el día anterior con las familias de algunas de las víctimas del accidente para discutir una posible resolución previa al juicio que implicaría desestimar los cargos de fraude penal contra el gigante aeroespacial.
El departamento comunicó a las familias que aún no se había tomado una decisión definitiva. También señaló que las familias habían abogado sistemáticamente por un juicio público y se oponían a la moción de desestimación del caso.
Boeing se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer fraude penal derivado de dos accidentes del 737 Max ocurridos con cinco meses de diferencia: uno frente a las costas de Indonesia en octubre de 2018 y otro en Etiopía en mayo de 2019. Todos los pasajeros y tripulantes de ambos vuelos fallecieron.
Los investigadores relacionaron ambos accidentes con un sistema de control de vuelo conocido como Sistema de Aumento de las Características de Maniobra, o MCAS.
Diseñado para empujar automáticamente el morro del avión hacia abajo si un sensor detectaba una pérdida, el MCAS se basaba en la información de un único sensor de ángulo de ataque. En ambos accidentes, las lecturas erróneas del sensor activaron el MCAS, lo que provocó que el avión entrara en picado y los pilotos no pudieran recuperarlo.
Según un informe de 2019 de la Joint Authorities Technical Review, un panel de expertos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y otros reguladores de aviación internacionales, Boeing había eliminado información relativa a la funcionalidad del MCAS de un borrador del manual de vuelo del 737 Max. Como resultado, los funcionarios de la FAA responsables de certificar los diseños de las aeronaves "no eran plenamente conscientes de la función del MCAS" y "no estaban en condiciones de evaluar adecuadamente" el nivel de formación de los pilotos necesario para cumplir con los requisitos de seguridad.
Los fiscales federales declararon posteriormente que, debido a esta omisión, los manuales de las aeronaves y los materiales de formación de los pilotos utilizados por las aerolíneas con sede en Estados Unidos "carecían de información sobre el MCAS".
En 2021, Boeing llegó a un acuerdo de 2500 millones de dólares con el Departamento de Justicia que le permitió evitar ser procesado. El acuerdo incluía una multa penal de 243.6 millones de dólares y el compromiso de Boeing de mejorar los programas de cumplimiento y seguridad.
En mayo de 2024, los fiscales alegaron que Boeing había violado los términos de ese acuerdo al no implementar las reformas prometidas para prevenir violaciones de las leyes federales contra el fraude. En respuesta, Boeing aceptó en julio pasado un acuerdo de declaración de culpabilidad, que incluía otra multa de 243.6 millones de dólares, 455 millones de dólares para mejoras de seguridad y cumplimiento durante los próximos tres años, y la supervisión de un monitor independiente designado por el gobierno.
Ese acuerdo fue rechazado en diciembre por el juez federal Reed O'Connor, de Fort Worth (Texas), que se puso del lado de las familias de las víctimas, que exigían un juicio.
El juez cuestionó el proceso de selección de un supervisor independiente, alegando que las políticas de diversidad, inclusión y equidad (DEI) del Gobierno y de Boeing podían permitir que la raza u otros factores de diversidad influyeran en la selección. También criticó el acuerdo por excluir al tribunal de cualquier función en el nombramiento del supervisor.
"Es justo decir que el intento del gobierno de garantizar el cumplimiento ha fracasado. En este momento, el interés público exige que la corte intervenga", dijo O'Connor al rechazar el acuerdo. "Marginar al tribunal en la selección y supervisión del supervisor independiente, tal y como hace el acuerdo de culpabilidad, socava la confianza pública en la libertad condicional de Boeing".
El juicio por este caso está previsto que comience el 23 de junio.
Boeing y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación de este artículo.
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