El Departamento de Justicia presentó otra demanda contra el estado de Nueva York por sus políticas de santuario, esta vez impugnando una ley que impide las detenciones relacionadas con la inmigración en los juzgados.
«Las políticas de ciudades santuario sin ley son la causa fundamental de la violencia que los estadounidenses han visto en California, y el estado de Nueva York está aplicando políticas similares para impedir la detención de extranjeros ilegales», dijo la fiscal general Pam Bondi en un comunicado de prensa el 12 de junio.
La demanda es la última de una serie de acciones emprendidas por el Departamento de Justicia en las que se alega que las jurisdicciones santuario de todo el país obstaculizaron la autoridad federal. En Nueva York, el Departamento de Justicia presentó otras dos demandas: una contra la ciudad de Rochester y otra contra la restricción del estado a compartir información a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
La demanda del 12 de junio se presentó en el Distrito Norte de Nueva York contra una ley conocida como Protect Our Courts Act (Ley de Protección de Nuestras Cortes) y dos órdenes ejecutivas del exgobernador Andrew Cuomo. Mientras que las órdenes bloquean el intercambio de información con las autoridades de inmigración, la Protect Our Courts Act bloquea las detenciones civiles de inmigrantes que asisten o están en tránsito hacia o desde un procedimiento judicial en Nueva York.
«Estas leyes suponen obstáculos intolerables para la aplicación de la ley federal de inmigración y regulan y discriminan directamente al gobierno federal, en contravención de la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos», afirma la demanda del departamento.
La cláusula de supremacía de la Constitución garantiza, en general, que la ley federal prevalece sobre la estatal cuando existe un conflicto entre ambas.
En sus demandas sobre los santuarios, el estado de Nueva York y otros señalaron la Décima Enmienda, que reserva ciertos poderes a los estados. Por ejemplo, tanto la ciudad de Rochester como los funcionarios del estado de Nueva York afirmaron que la Décima Enmienda le prohíbe a la administración obligarlos a utilizar sus recursos para la aplicación de la ley federal de inmigración.
La última demanda nombra a la fiscal general del estado, Letitia James, y a la gobernadora Kathy Hochul, que estaba testificando en una audiencia del Congreso sobre las ciudades santuario el día en que se presentó la demanda. Durante la audiencia, ella y la representante Elise Stefanik (R-N.Y.) mantuvieron un intercambio en el que discreparon sobre si el estado colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Hochul sostuvo que el estado ayudó al ICE en asuntos penales y no protegía a los inmigrantes ilegales. Tras enumerar múltiples delitos violentos cometidos por inmigrantes ilegales, Stefanik dijo: «Este es el Nueva York de Kathy Hochul».
Hochul solicitó a un juez federal de Nueva York que desestime la demanda anterior del Departamento de Justicia contra la política del DMV del estado, también conocida como «ley de luz verde». Esa ley prohíbe al DMV compartir información personal con las autoridades de inmigración «salvo que lo exija la ley», según afirmó el estado en un documento presentado en marzo.
El estado argumentó que la ley era «un ejercicio válido de las competencias policiales tradicionales del estado». Añadió que «la decisión del estado de ignorar el estatus migratorio y proteger la información personal no viola ninguna disposición de la ley federal ni obstaculiza la aplicación de las leyes federales de inmigración».
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