El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 29 de mayo una lista de las llamadas jurisdicciones santuario en todo el país que podrían quedar excluidas de la financiación federal en virtud de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
La lista del DHS incluye condados y ciudades de 35 estados y el Distrito de Columbia con políticas consideradas obstructivas de la aplicación de la ley federal en materia de inmigración.
"Estos políticos de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas policiales para proteger a extranjeros ilegales violentos y delincuentes", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado. "Estamos desenmascarando a estos políticos santuario que dan cobijo a extranjeros ilegales criminales y desafían la ley federal. El presidente Trump y yo siempre antepondremos la seguridad del pueblo estadounidense. Los políticos santuario están avisados: cumplan la ley federal".
El anuncio se produce después de que, el 28 de abril, Trump firmara una orden ejecutiva en la que se solicitaba al DHS que elaborara "una lista de estados y jurisdicciones locales que obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración".
En su comunicado de prensa sobre la publicación de la lista, el DHS declaró: "Cada jurisdicción incluida en la lista recibirá una notificación formal de su incumplimiento y de todas las posibles violaciones de los estatutos penales federales. El DHS exige que estas jurisdicciones revisen y modifiquen inmediatamente sus políticas para ajustarlas a las leyes federales de inmigración y renueven su obligación de proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales peligrosos".
En algunos casos, estados enteros han sido marcados como santuarios. Entre ellos se encuentran California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington, así como el Distrito de Columbia.
Algunas de las jurisdicciones se encuentran en estados tradicionalmente republicanos. Entre ellas se encuentran Anchorage, Alaska; Atlanta y los condados circundantes; Boise, Idaho; el condado de Monroe, Indiana; el condado de Douglas y Lawrence, Kansas; Louisville, Kentucky y cuatro condados del estado; Nueva Orleans; diez condados de Nebraska; cinco condados de Carolina del Norte; siete condados de Dakota del Norte; y Nashville y un condado de Tennessee.
Otros estados identificados con al menos un condado o ciudad que infringe la ley son Hawái, Maine, Míchigan, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin.
La orden de Trump de abril exige a los jefes de los departamentos ejecutivos y al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto que "identifiquen los fondos federales adecuados para las jurisdicciones santuario, incluidas las subvenciones y los contratos, para su suspensión o rescisión, según proceda".
También insta al fiscal general y al secretario del DHS a "emprender todas las medidas legales y de ejecución necesarias para poner fin a estas infracciones y lograr que dichas jurisdicciones cumplan con las leyes de Estados Unidos".
También se esperan futuras medidas relacionadas con la orden ejecutiva de Trump.
Para garantizar que los inmigrantes ilegales no tengan acceso a prestaciones federales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como cupones de alimentos, Medicaid, Medicare u otros, el presidente ordenó al fiscal general y al secretario del DHS que "elaboren directrices, normas u otros mecanismos adecuados para garantizar que se verifique adecuadamente la elegibilidad de las personas que reciben prestaciones públicas federales".
También ha ordenado a los mismos funcionarios que "identifiquen y adopten las medidas adecuadas para impedir la aplicación de las leyes, reglamentos, políticas y prácticas estatales y locales que favorecen a los extranjeros frente a cualquier grupo de ciudadanos estadounidenses que sean ilegales, estén sustituidas por la legislación federal o sean inaplicables por cualquier otro motivo, incluidas las leyes estatales que ofrecen matrícula universitaria estatal a los extranjeros pero no a los ciudadanos estadounidenses de otros estados".
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