El Departamento del Tesoro está trabajando en planes para despedir a un número considerable de trabajadores, según un funcionario, que dijo que los despidos se deben a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 11 de febrero para optimizar la fuerza laboral federal.
«Estos planes se adaptarán a cada oficina y, en muchos casos, requerirán la separación de un número considerable de empleados mediante reducciones de plantilla», declaró Trevor Norris, funcionario de recursos humanos del departamento, en una declaración presentada el 25 de marzo ante la corte federal de Maryland.
El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.
En la orden, Trump ordenó a los jefes de las agencias que «emprendieran sin demora los preparativos para iniciar reducciones de personal a gran escala», un término formal para los despidos masivos.
Posteriormente, se despidió a casi 25,000 trabajadores en situación de prueba, entre ellos más de 7600 trabajadores del Tesoro.
El juez de distrito de EE. UU. James Bredar, que tiene su sede en Maryland y preside un caso presentado por fiscales generales contra 18 agencias que despidieron a trabajadores, dictaminó recientemente que los despidos eran ilegales porque no se notificó con antelación a los estados y porque el gobierno no realizó evaluaciones para cada empleado.
La sentencia de Bredar, junto con una orden de otro juez, exigía al Tesoro y a las demás agencias que reincorporaran a los trabajadores en período de prueba despedidos y que no iniciaran nuevas reducciones de plantilla a menos que cumplieran con los requisitos legales, incluido el aviso previo.
Los funcionarios, en un informe de situación a principios de marzo, dijeron que habían emprendido o completado la readmisión. Bredar dijo que el informe mostraba que el gobierno había hecho «progresos significativos» y ordenó a los funcionarios que le dieran otra actualización antes del 25 de marzo.
La declaración de Norris se presentó ante la corte con actualizaciones de los funcionarios de los otros organismos, entre ellos la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Norris dijo que los RIF se basarían en la antigüedad, por lo que probablemente se despida principalmente a los trabajadores en período de prueba que acaben de ser reincorporados.
«En algunos casos, las oficinas pueden determinar que la probabilidad de que ciertos empleados en período de prueba reincorporados sean despedidos es lo suficientemente alta como para que devolverlos a sus funciones completas antes de la RIF planificada sea excesivamente perjudicial tanto para los empleados como para la oficina», añadió.
Ninguno de los otros funcionarios esbozó planes para futuros despidos masivos.
Esos funcionarios dijeron que muchos de los trabajadores despedidos han sido reincorporados, aunque muchos están de baja administrativa. Los funcionarios dicen que están trabajando para reincorporar a los trabajadores en oleadas para dar cuenta de todas las tareas que hay que completar, como la reemisión de tarjetas de identificación.
Unos 221 trabajadores que habrían sido reincorporados optaron por dimitir, entre ellos 51 empleados del Tesoro. Cerca de otros 100 aún no están seguros de si seguirán trabajando para el gobierno, no respondieron a los avisos de reincorporación o están siendo despedidos por problemas de rendimiento, dijeron las autoridades.
Las declaraciones «demuestran que los demandados restringidos han logrado un cumplimiento sustancial de los términos de la» orden de restricción, dijeron los abogados del gobierno a Bredar.
El informe de situación se produjo cuando los fiscales generales pidieron al juez que dictara una orden judicial preliminar, que es similar a una orden de alejamiento, pero más permanente y potencialmente más amplia.
Los abogados estatales dijeron que han demostrado que el gobierno violó la ley en estados de todo el país porque los funcionarios no cumplieron con la ley al llevar a cabo los RIF, lo que incluye no permitir que los empleados compitieran por la retención laboral.
«Suspender ahora los RIF ilegales en su totalidad, en lugar de solo en los estados demandantes, garantizará que los estados demandantes no se vean obligados a soportar aún más daños. Conceder solo una reparación parcial de los RIF ilegales en esta coyuntura significaría reincorporaciones escalonadas, lo que amenaza con sembrar aún más caos y confusión e imponer cargas adicionales a los estados demandantes», declararon.
Los abogados del gobierno dijeron que la corte no debería aceptar la solicitud.
«Más allá de las deficiencias críticas en la legitimación, los estados demandantes no consiguen establecer una probabilidad de éxito en cuanto al fondo, porque simplemente no pueden demostrar que las acciones de los demandados desencadenaron los requisitos legales de notificación de RIF», escribieron.
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