Una demanda presentada el 3 de junio acusa al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y a otros funcionarios de utilizar datos erróneos para llevar a cabo despidos masivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
La demanda afirma que los trabajadores del departamento detectaron problemas en las notificaciones de despido que recibieron el 1 de abril, entre ellos calificaciones erróneas del rendimiento. Por ejemplo, una de las demandantes, Catherine Jackson, de 68 años, que trabajaba para la Oficina de Cuidado Infantil de la Administración para Niños y Familias del departamento, figuraba con una calificación reciente de tres, pero nunca había recibido una puntuación inferior a cuatro en calificaciones anteriores, según la demanda.
Kennedy dijo en abril que algunos empleados habían sido despedidos por error, y un portavoz del HHS declaró a los medios de comunicación en abril que «en la medida en que hay errores, se deben a que los datos recopilados por las múltiples divisiones de recursos humanos del HHS, que trabajan de forma aislada, son inexactos».
Según la demanda, el HHS y otras agencias, incluido el Departamento de Eficiencia Gubernamental, actuaron sin verificar la información ni notificar individualmente a los trabajadores.
«Para estos demandantes, el incumplimiento intencionado por parte del HHS de mantener registros completos y precisos antes de tomar decisiones laborales que cambian la vida fue una clara violación de la ley», afirma la demanda. «Y los demandantes sufrieron un daño real de forma inmediata, que seguirá sin repararse incluso si finalmente se les readmite en sus puestos de trabajo».
Jackson y los demás demandantes solicitan a la corte federal de Washington que certifique a un grupo de muchos empleados despedidos por el HHS, o cualquier trabajador despedido cuya notificación contenga errores relacionados con el personal.
También quieren que el juez que supervisa el caso declare que los funcionarios utilizaron ilegalmente datos inexactos para llevar a cabo la reducción masiva de plantilla y que conceda una indemnización por daños y perjuicios.
«Dado que los responsables de la toma de decisiones en estas agencias trabajaban con datos tan erróneos, apenas sabían a quién estaban despidiendo», declaró en un comunicado Clayton L. Bailey, cuyo Centro de Derecho de la Función Pública presentó la demanda. «Estos empleados sufrieron las consecuencias».
Además de Kennedy, entre los demandados se encuentran la Oficina de Gestión y Presupuesto y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, que ayudaba a dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) cuando este ayudó al HHS a identificar a los trabajadores que debían ser despedidos.
El HHS incluye los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
Un portavoz del Departamento de Justicia, que representa a las agencias gubernamentales en las cortes, se negó a hacer comentarios. Un portavoz del HHS le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que la agencia no hace comentarios sobre litigios.
En marzo, Kennedy anunció los despidos, diciendo que formaban parte de un plan para mejorar la eficiencia y la eficacia.
Según funcionarios de salud, el 1 de abril se enviaron unas 10,000 notificaciones de despido.
La jueza Susan Illston, de la corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, bloqueó los despidos en mayo, al considerar que la administración Trump no había consultado al Congreso antes de aplicar la reducción de personal en el HHS y otros departamentos.
Los aproximadamente 10,000 trabajadores están en licencia administrativa mientras se desarrolla el caso, dijo Kennedy a un panel del Congreso a finales de ese mes.
El 2 de junio, los abogados del gobierno solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando que la orden judicial «se basa en la premisa indefendible de que el presidente necesita una autorización legal explícita del Congreso para ejercer su autoridad fundamental, recogida en el artículo II, de supervisar las decisiones internas del personal del poder ejecutivo».
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