La Corte Suprema de Wisconsin decidirá si es legal que las cárceles locales retengan a petición de las autoridades federales de inmigración.
El 3 de diciembre, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Wisconsin votaron a favor de aceptar una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Voces de la Frontera, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en Milwaukee. Aceptaron la solicitud de la ACLU de examinar el caso como una acción original, lo que le permite saltarse por completo a las cortes inferiores.
La corte cuenta actualmente con una mayoría liberal de 4 a 3. Cuatro jueces, que no fueron identificados en la orden, votaron a favor de aceptar el caso. Las jueces conservadoras Annette Ziegler y Rebecca Bradley disintieron.
El juez Brian Hagedorn, que suele ponerse del lado del ala conservadora, no reveló cómo votó. Escribió por separado para explicar los procedimientos de revisión de la corte y advirtió que el público no debe dar por sentado que un juez apoya una orden simplemente porque no disiente públicamente.
La disputa se centra en las órdenes de detención de inmigrantes, que son solicitudes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) para que las cárceles locales retengan a las personas hasta 48 horas más allá del momento en que, de otro modo, fueran puestas en libertad. Este tiempo adicional permite a los agentes del ICE recoger a las personas sospechosas de estar en el país ilegalmente y proceder a su deportación.
La ACLU argumentó que los sheriffs de los condados de Wisconsin que deciden cumplir las órdenes de detención del ICE están infringiendo la ley estatal, ya que retener a una persona más allá de su puesta en libertad constituye una "nueva detención". Según la ley estatal, sostienen, cualquier detención de este tipo debe estar respaldada por una orden judicial emitida por un juez basada en una causa probable.
La demanda nombra específicamente como demandados a los sheriffs de los condados de Walworth, Kenosha, Brown, Marathon y Sauk. Según la ACLU, estos condados son los que han ejecutado el mayor número de órdenes de detención del ICE en el estado.
En un escrito conjunto presentado en octubre, los abogados que representan a los sheriffs defendieron esta práctica, argumentando que la cooperación con las autoridades federales de inmigración está dentro de las facultades constitucionales, legales y consuetudinarias de los sheriffs de los condados.
"No existe ninguna prohibición expresa en la legislación de Wisconsin que impida a los sheriffs de Wisconsin cumplir con las órdenes de detención federales y las órdenes administrativas una vez expiradas las bases legales estatales para la detención", escribieron.
El equipo de la defensa también hizo hincapié en que muchos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Wisconsin, incluida la Oficina del Sheriff del condado de Brown, participan en el programa federal 287(g). Esta asociación faculta a los funcionarios de las cárceles locales para llevar a cabo determinadas funciones de control de la inmigración en nombre del ICE.
Según la defensa, este programa significa, en la práctica, que los detenidos buscados por el ICE son transferidos a la custodia federal en el momento en que, de otro modo, serían puestos en libertad por las autoridades estatales. Como resultado, dijeron, no hay una prolongación ilegal de la detención estatal ni ninguna "nueva detención".
Incluso en los condados que no tienen la asociación 287(g), la defensa argumentó que cuando estos sheriffs continúan deteniendo a alguien en respuesta a una orden de detención del ICE, esa persona simplemente "aún no está bajo custodia federal" en lugar de estar sujeta a una nueva detención estatal.
Por ahora, La Corte Suprema ha ordenado a ambas partes que presenten informes en los que se aborden cuestiones clave, entre ellas si la participación de un sheriff en un acuerdo 287(g) tiene algún impacto en la legalidad del cumplimiento de las órdenes de detención de ICE. Todos los informes deben presentarse antes del 5 de febrero de 2026.
La ACLU de Wisconsin acogió con satisfacción la decisión del corte de aceptar directamente el caso.
"Los sheriffs están sobrepasando su autoridad según la ley de Wisconsin al cumplir las órdenes de detención del ICE, independientemente de si operan bajo un acuerdo 287(g) con el ICE o no", dijo Tim Muth, abogado senior de la organización, en un comunicado.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el abogado defensor Samuel Hall para obtener sus comentarios.
A principios de este año, la Asamblea de Wisconsin, liderada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que obligaría a los sheriffs a pedir a las personas encarceladas por delitos graves que presentaran pruebas de su presencia legal y a informar de ellas al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El proyecto de ley también obligaría a los sheriffs a cumplir las órdenes de detención del ICE, y los condados que no demostraran su cumplimiento se enfrentarían a recortes en la financiación estatal.
La medida nunca se sometió a votación en el Senado estatal. Pero incluso si se aprobara en la cámara alta, controlada por los republicanos, probablemente sería vetada por el gobernador demócrata Tony Evers.
