La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el 27 de junio que la estructura de un panel federal que emite mandatos que exigen a las aseguradoras cubrir los servicios médicos preventivos sin costo alguno para los pacientes es constitucional.
La opinión mayoritaria en la decisión 6-3 en el caso Kennedy contra Braidwood Management Inc. fue redactada por el juez Brett Kavanaugh.
La decisión revoca una decisión de una corte federal de apelaciones que sostenía que la estructura del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos era inconstitucional y, por lo tanto, sus mandatos eran inválidos.
"El Poder Ejecutivo, tanto bajo la presidencia de Trump como bajo la de Biden, ha argumentado que los miembros del Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos son funcionarios de rango inferior y, por lo tanto, pueden ser nombrados por el secretario de [Salud y Servicios Humanos]. Estamos de acuerdo", escribió Kavanaugh.
"En virtud del artículo II [de la Constitución] y de los precedentes de esta corte, los miembros del Grupo de Trabajo son funcionarios inferiores. Por consiguiente, el nombramiento de los miembros del Grupo de Trabajo por el secretario del HHS es conforme a la cláusula de nombramientos".
Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch disintieron.
En la audiencia oral celebrada el 21 de abril, los jueces examinaron una disposición de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible que permite al grupo de trabajo formular recomendaciones vinculantes sobre servicios médicos preventivos, como medicamentos y pruebas de detección.
La ley, también conocida como Obamacare, fue promulgada en 2010.
El grupo de trabajo, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), se ha descrito a sí mismo como "un panel independiente y voluntario de expertos nacionales en prevención de enfermedades y medicina basada en la evidencia" que trabaja "para mejorar la salud de la población en todo el país mediante recomendaciones basadas en la evidencia sobre servicios clínicos preventivos".
Los miembros del grupo de trabajo son nombrados por el secretario del HHS, actualmente Robert F. Kennedy Jr.
La empresa Braidwood Management, con sede en Texas, presentó una demanda por los mandatos aprobados por el grupo de trabajo, a los que la empresa expresó objeciones religiosas.
Los mandatos abarcan una amplia variedad de tratamientos, entre los que se incluyen los medicamentos para la prevención del VIH y las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó en junio de 2024 que las disposiciones del grupo de trabajo eran inválidas porque la estructura del grupo infringía la cláusula de nombramientos de la Constitución, según la petición presentada por el gobierno en septiembre de 2024.
Dicha cláusula establece que el presidente puede nombrar a funcionarios para que le ayuden en el desempeño de sus funciones.
Los funcionarios principales deben ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, pero los funcionarios inferiores pueden ser nombrados por el presidente solo, por el jefe de un departamento ejecutivo o por un tribunal.
El Quinto Circuito determinó que las órdenes no podían mantenerse porque los miembros del grupo de trabajo no habían sido nombrados por el presidente ni confirmados por el Senado.
La corte federal de distrito actuó correctamente al impedir que el HHS aplicara las órdenes, según la petición.
Braidwood, que está representada por un equipo jurídico que incluye a la America First Legal Foundation, también había instado a la Corte Suprema a que se ocupara del caso.
En su escrito, la empresa afirmó que la ley "es de enorme importancia" y que el alto tribunal "debería pronunciarse en lugar de dejar que la constitucionalidad [de la ley] y los nombramientos de los miembros del grupo de trabajo se resuelvan íntegramente en la corte de apelación".
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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