La Corte Suprema regresa el 6 de octubre para su nuevo período, en el que examinará una amplia gama de cuestiones de alto perfil, como el género y la redistribución de distritos, así como desafíos a las políticas del presidente Donald Trump.
La primera semana de alegatos orales de la corte comienza el lunes y contará con argumentos sobre las prohibiciones a la llamada "terapia de conversión", así como el intento de un funcionario electo de impugnar el conteo de votos después del día de las elecciones.
Casos de Trump
En noviembre, se espera que la corte escuche su primer gran caso de Trump en este período, esta vez, sobre si los aranceles de Trump violan la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Trump invocó esta ley, que permite a los presidentes regular las importaciones en determinadas circunstancias de emergencia. Las audiencias orales están previstas para el 5 de noviembre.Hasta ahora, varias cortes federales han dictaminado que Trump se excedió en sus competencias según la ley, por lo que la decisión final de la Corte Suprema podría resultar crucial para el éxito de su agenda económica.
Se espera que otros aspectos de la agenda de Trump también lleguen a la corte después de meses en los que los jueces han suspendido temporalmente los bloqueos de cortes inferiores mediante un procedimiento conocido como expediente de emergencia.
Aproximadamente dos semanas antes de las primeras alegaciones orales, la corte anunció que examinaría uno de esos casos con mayor profundidad. En el caso conocido como Trump v. Slaughter, se espera que la Corte Suprema considere si Trump despidió ilegalmente a Rebecca Slaughter, miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Este caso es solo el más reciente de una serie proveniente de cortes inferiores que impugnan los despidos de altos funcionarios por parte de Trump y podría afectar los planes de Trump y sus sucesores para influir en organismos clave del poder ejecutivo. Las cortes inferiores han rechazado repetidamente los despidos de Trump, citando un precedente clave conocido como Humphrey's Executor v. Estados Unidos, que limita el poder de los presidentes para destituir a miembros de determinados tipos de organismos.
Aún no se ha fijado una fecha concreta para las alegaciones orales, pero la corte ha dicho que verá el caso en diciembre. Se espera que evalúe si el Congreso restringió de forma inconstitucional la capacidad de Trump para despedir a miembros de la FTC y si el precedente de Humphrey debería ser anulado.
En relación con este caso, la Corte Suprema anunció que examinará en enero otro sobre Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Este caso podría llevar a los jueces a considerar que constituye una causa justa para remover a miembros de la junta. Trump invocó la Ley de la Reserva Federal, que permite a los presidentes destituir a miembros "por causa justificada", como cuando despidió a Cook.
Cook ha negado las acusaciones de fraude hipotecario que sirvieron de base para su despido y, en general, ha argumentado que la supuesta causa de Trump para destituirla era ilegal.
Elecciones y cuestiones sociales
Más allá de las políticas de Trump, otros casos que han abordado los jueces se centran en el género, la ley electoral y la pena de muerte.Uno de esos casos, Luisiana v. Callais, es una repetición del mandato anterior. El caso se centra en la redistribución de distritos electorales de Luisiana para 2022 y si este diluyó ilegalmente el poder de voto de los afroamericanos. Tras escuchar los argumentos orales en marzo, la Corte Suprema decidió que necesitaba más información y argumentos sobre el tema. Se espera que los argumentos orales se realicen el 15 de octubre.
Al igual que la redistribución de distritos, el gasto en campañas electorales es un tema recurrente en la corte. En este período, se espera que los jueces examinen un caso presentado por el entonces candidato al Senado JD Vance y un excongresista, quienes argumentaron que el Congreso violó la Primera Enmienda al restringir los gastos de campaña. Más concretamente, impugnaron una sección de la Ley Federal de Campañas Electorales que limita cuánto pueden coordinar en gastos los partidos políticos y los candidatos.
En conjunto, estos casos podrían ayudar a determinar qué candidatos ganarán las futuras elecciones e influir en importantes decisiones de política mayores sobre temas controvertidos como el género.
Dos políticas de género, en particular, han llegado a la Corte Suprema y podrían definir el futuro del deporte femenino. Las Cortes de Apelación han dictaminado que tanto Idaho como Virginia Occidental violaron la Constitución al intentar excluir a los chicos de los equipos deportivos femeninos. Se espera que la Corte Suprema examine si estas políticas violan la cláusula de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda, así como una ley de derechos civiles que regula la financiación federal para instituciones educativas.
También se espera que la Octava Enmienda reciba atención en este período, mientras los jueces consideran cómo los jueces deben ponderar las puntuaciones del coeficiente intelectual al determinar si alguien debe recibir la pena de muerte. Esto se debe a que la corte previamente sostuvo que ejecutar a personas con discapacidad intelectual viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. En el caso Hamm v. Smith, se espera que la Corte Suprema revise cómo una Corte de Apelaciones analizó múltiples puntuaciones del coeficiente intelectual para un hombre condenado por asesinato.
Stacy Robinson contribuyó con este informe
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