La Corte Suprema de Georgia votó por unanimidad el 10 de junio invalidar cuatro normas de la Junta Electoral Estatal que se promulgaron en el período previo a las elecciones generales de 2024.
El alto tribunal del estado consideró en su decisión, por 8 votos a 0, que la junta, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Georgia, se excedió en sus competencias al aprobar normas que no estaban autorizadas por la legislación estatal.
Las normas se referían a controles más estrictos sobre el recuento y la entrega de votos, así como a la verificación de la integridad de los resultados electorales.
La sentencia se refería a dos casos: Comité Nacional Republicano contra Eternal Vigilance Action Inc. y Estado de Georgia contra Eternal Vigilance Action Inc.
La sentencia revocó en parte una decisión del 16 de octubre de 2024 del juez Thomas Cox, del Tribunal Superior del condado de Fulton, que consideró que siete normas impugnadas creadas por la junta eran "ilegales, inconstitucionales y nulas".
La ley de Georgia permite a la junta electoral "aprobar normas para aplicar y hacer cumplir el Código Electoral, pero no puede ir más allá, cambiar o contradecir el régimen legal", escribió el presidente de la Corte Suprema, Nels Peterson, en el nuevo dictamen de 96 páginas.
La junta ejerció "el tipo de discrecionalidad ilimitada que hemos reiterado que es constitucionalmente intolerable", escribió Peterson.
La Asamblea General de Georgia creó la junta en 1964 para regular las elecciones federales, estatales y del condado. Inicialmente, la autoridad de la junta era limitada, pero con el tiempo, la Asamblea General le otorgó más poderes normativos, incluida la autoridad para definir las normas sobre "qué constituye un voto y qué votos se contarán como voto", escribió.
También se le otorgó a la junta la autoridad para establecer normas y reglamentos que garantizaran "la uniformidad en las prácticas y procedimientos de los superintendentes, registradores, registradores adjuntos, funcionarios electorales y otros funcionarios, así como la legalidad y la pureza en todas las primarias y elecciones", escribió.
La Corte Suprema de Georgia anuló cuatro de las siete normas aprobadas por la junta que fueron impugnadas.
Una de ellas establecía que las boletas debían ser contadas a mano por los trabajadores del distrito electoral tras el cierre de las urnas. Una segunda exigía que la persona que entregara una boleta de voto por correo perteneciente a otra persona proporcionara una firma y un documento de identidad con fotografía en el lugar de entrega. Una tercera exigía que las juntas electorales de los condados llevaran a cabo una "investigación razonable" antes de certificar los resultados de las elecciones. Una cuarta daba a los funcionarios la facultad de investigar y acceder a los documentos relacionados con las elecciones cuando el total de votos emitidos por un candidato superara el número de votantes, escribió Peterson.
La corte dejó intacta una norma que establece que las urnas para votos por correo en los centros de votación anticipada deben estar bajo videovigilancia fuera del horario de votación.
El tribunal superior no se pronunció sobre la legalidad de dos de las siete normas impugnadas y ordenó al tribunal inferior que las reexaminara.
Una de esas normas establece que el número total de votos, "así como el número específico de votantes anticipados y ausentes, se comunique diariamente y se publique en un sitio web o en un lugar público accesible las 24 horas del día". La otra norma establece que los observadores electorales deben tener acceso "a una lista ampliada de las zonas en las que se realiza el recuento de votos", escribió Peterson.
El tribunal superior sostuvo que las dos normas no podían ser impugnadas por los votantes, pero señaló que el tribunal inferior había determinado que uno de los demandantes, James Hall, tenía legitimación para impugnar las normas de la junta porque era miembro de una junta electoral del condado.
La legitimación se refiere al derecho de una persona a presentar una demanda ante un tribunal. Una parte debe demostrar una conexión lo suficientemente fuerte con la demanda como para justificar su participación en un juicio.
La conclusión del tribunal inferior sobre la legitimación "no se basó en un análisis jurídico correcto, por lo que la anulamos y devolvemos el caso para que se reconsidere esta cuestión", escribió Peterson.
Si el tribunal de primera instancia considera que Hall tiene legitimación en virtud de su condición oficial, "deberá evaluar las dos normas que no examinamos hoy —la norma de información diaria y la norma sobre los observadores electorales— para determinar la validez de dichas normas", escribió.
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