La Corte Suprema escuchará los argumentos orales el 10 de diciembre en un caso que podría afectar la forma en que los presos intentan demostrar el tipo de discapacidad intelectual que les permitiría evitar la pena de muerte.
En 2002, la corte dictaminó en el caso Atkins contra Virginia que condenar a muerte a los presos con discapacidad intelectual violaba la prohibición de la Octava Enmienda sobre "castigos crueles e inusuales". La forma en que los presos demuestran esa discapacidad puede variar, pero para ello es posible que tengan que demostrar que su coeficiente intelectual está por debajo de un umbral determinado.
El caso que se encuentra actualmente ante la corte, Hamm contra Smith, se centra en cómo la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos sopesó múltiples puntuaciones de coeficiente intelectual en un caso de asesinato.
Joseph Clifton Smith fue condenado a muerte después de que un jurado lo declarara culpable del brutal asesinato de un hombre. Según la legislación de Alabama, Smith podía demostrar un bajo funcionamiento intelectual con un coeficiente intelectual de 70 o menos y déficits sustanciales en el comportamiento adaptativo.
Según los documentos judiciales, Smith obtuvo cinco puntuaciones de coeficiente intelectual: 75, 74, 72, 78 y 74. Cuando el caso llegó al 11.º Circuito en 2023, el tribunal de apelación confirmó la decisión de la corte inferior de anular su sentencia de muerte.
La parte más controvertida de su decisión fue cómo ponderó las puntuaciones de CI de Smith. Aunque cada una de las puntuaciones estaba por encima del umbral de 70 puntos, la corte dijo que no descartaba la posibilidad de que Smith tuviera una discapacidad intelectual. Dado el margen de error de las pruebas de CI, la corte dijo que la puntuación de Smith podría ser en realidad tan baja como 69.
Señaló otra decisión de la Corte Suprema, Hall contra Florida, que establecía que los tribunales deben tener en cuenta el error estándar de medición cuando la puntuación del coeficiente intelectual es cercana a 70, pero superior a esta cifra. También ha afirmado que los tribunales deben ir más allá del coeficiente intelectual y tener en cuenta los "déficits de adaptación", o aspectos como el cambio de comportamiento en diferentes circunstancias, cuando las puntuaciones del coeficiente intelectual son cercanas a 70, pero superiores a esta cifra.
Teniendo en cuenta esos déficits, la corte de apelaciones dictaminó que Smith no debía ser condenado a muerte.
Alabama comunicó a la Corte Suprema que este enfoque era erróneo y que Smith tenía la carga de probar su discapacidad mediante pruebas concluyentes. En lugar de centrarse en el margen de error de una puntuación de CI más baja, las cortes deberían sopesar el efecto acumulativo de múltiples puntuaciones, dijo Alabama.
Katherine Robertson, abogada de la Fiscalía General de Alabama, declaró a The Epoch Times que las cortes se habían desviado del significado real de la Octava Enmienda.
"Creo que lo que buscamos es simplemente volver a lo que realmente exige la Octava Enmienda y, en última instancia, alejarnos de todos estos precedentes creados por los jueces", dijo.
Añadió que "la posición de nuestra oficina siempre ha sido, desde el punto de vista filosófico: si eres lo suficientemente competente para ser juzgado, entonces... ¿por qué recibir un trato especial en la fase de determinación de la pena?".
"Creo que tendrán que revisarlo", dijo, sugiriendo que podría fomentar un retorno al verdadero significado de la Octava Enmienda.
En la opinión mayoritaria del caso Atkins, el juez John Paul Stevens dijo que la sociedad consideraba a las personas con discapacidad mental menos culpables que el delincuente medio. Entre otras cosas, dijo que esas personas pueden ser menos capaces de prestar una ayuda significativa a los abogados que las defienden.
“Los acusados con retraso mental en su conjunto se enfrentan a un riesgo especial de ejecución injusta”, dijo.
No está claro cómo fallará la Corte Suprema, pero el juez Clarence Thomas disintió de la decisión en 2002.
La administración Trump también ha intervenido en apoyo de Alabama. Argumentó que la decisión en Atkins se apartaba del significado original de la Octava Enmienda, pero también ofrecía a los estados flexibilidad para determinar la discapacidad intelectual.
Por su parte, los abogados de Smith defendieron la decisión del tribunal de apelación y afirmaron que los tribunales deberían adoptar un "enfoque holístico" para evaluar la discapacidad intelectual. Independientemente de si las puntuaciones del coeficiente intelectual son concluyentes, afirmaron, los acusados deberían poder presentar pruebas adicionales sobre su funcionamiento intelectual.
