La Corte Suprema de EE. UU. fue solicitada para emitir un fallo sobre si los ciudadanos pueden hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales, luego de que una corte determinara que solo el gobierno puede aplicar la ley.
Una coalición de nativos americanos presentó el martes una petición ante la Corte Suprema para que los jueces anulen un fallo emitido este año por la corte de Apelaciones del Octavo Circuito, el cual determinó que únicamente el gobierno puede hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales (VRA, por sus siglas en inglés). La petición también indicó que los votantes y grupos no pueden presentar demandas bajo la Sección 2 de la ley de 1965, que abarca la discriminación racial y las normas electorales.
"La Sección 2 es, y siempre ha sido, aplicada principalmente por litigantes privados", señaló la coalición en la petición del martes. "El Congreso promulgó la VRA para garantizar los derechos establecidos por la Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas, y redactó la Sección 2 en términos explícitamente orientados a la creación de derechos".
Argumentando que la decisión de la corte de apelaciones debería ser revertida, los solicitantes escribieron que "existe abundante evidencia textual de que el Congreso pretendía y buscaba fomentar una enérgica aplicación privada de la Sección 2".
La Sección 2 prohíbe procedimientos de votación que discriminen por raza, color de piel o idioma, según el texto de la ley en el sitio web del Departamento de Justicia (DOJ).
El Octavo Circuito, que abarca Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur, ha emitido tres fallos sosteniendo que individuos y entidades privadas no tienen legitimación para impugnar leyes electorales. La corte dictó decisiones sobre este tema en mayo y julio.
La petición presentada el martes ante la Corte Suprema fue presentada por la tribu Spirit Lake y la Banda Turtle Mountain de indios Chippewa, argumentando que el mapa legislativo de Dakota del Norte de 2021 violaba la Ley de Derechos Electorales y que la redistribución de distritos debilitaría la fuerza electoral de ambas tribus.
Sin embargo, la corte de apelaciones, en la orden de mayo, resolvió en una decisión de 2–1 que solo el Departamento de Justicia podía presentar tales demandas, y el pleno del circuito declinó hacerse cargo del caso.
El juez de apelaciones Raymond Gruender, en representación de la mayoría de 2–1, dijo que aunque las tribus "se encuentran dentro de la zona de interés general" de la Ley de Derechos Electorales, la ley "no ha conferido de manera inequívoca un derecho individual". Los demandantes tampoco cuentan con una "causa de acción bajo" la sección para hacer cumplir la ley, mientras que un fallo de una corte inferior que decía lo contrario fue erróneo, según la mayoría de la corte de apelaciones.
La Corte Suprema bloqueó la resolución en julio mientras decide si intervenir en el caso, emitiendo en ese momento una orden sin firma que indica que probablemente tomará el asunto. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas indicaron que habrían rechazado una apelación del fallo de la corte inferior.
El Octavo Circuito también falló en 2023 en un caso de Arkansas que los particulares no pueden demandar bajo la misma disposición de la Ley de Derechos Electorales.
El profesor de derecho de la Universidad de California–Los Ángeles, Richard Hasen, señaló el mes pasado en su blog de Derecho Electoral, citando un artículo de revisión legal publicado por un investigador de la Florida State University, que más del 90 por ciento de los casos presentados bajo la Sección 2 se tramitaron mediante aplicación privada y no a través del Departamento de Justicia, entre 1982 y 2024.
"Además, los demandantes privados tuvieron un gran éxito en estos desafíos, ganando casi dos tercios de los casos", indicó el artículo.
El gobierno federal, bajo la Sección 2, parece estar "mal equipado, tanto práctica como políticamente, para cubrir esta brecha en la aplicación de la ley", agregó.
A principios de julio, los nueve jueces iniciaron su receso anual. Se espera que celebren su conferencia de apertura a finales de septiembre, según un calendario de la Corte Suprema, y que comiencen a considerar los argumentos a principios de octubre. Si la Corte acepta la petición presentada el martes, es probable que los jueces emitan un fallo antes del final de su período a mediados de 2026.
Con información de The Associated Press.
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