La Corte Suprema de Carolina del Norte falló por 5 votos contra 2 en dos sentencias que permiten a los propietarios de bares continuar con sus demandas contra el estado por los cierres relacionados con COVID-19 en 2020.
Las sentencias similares en los casos Howell contra Cooper y North Carolina Bar and Tavern Association contra Stein se dictaron el 22 de agosto.
En ambos casos, la Corte Suprema del estado sostuvo que se debe permitir a los propietarios de bares continuar con sus reclamaciones de que la política estatal infringía el derecho constitucional estatal a "los frutos de su propio trabajo". Ambos casos fueron remitidos a cortes inferiores para su enjuiciamiento.
La Corte Suprema de Carolina del Norte había acordado en junio de 2024 examinar los recursos después de que la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte considerara en abril que no había pruebas que respaldaran la decisión del entonces gobernador Roy Cooper de obligar a algunos bares a cerrar durante la pandemia, mientras que permitía a otros permanecer abiertos.
En un decreto ejecutivo de marzo de 2020, Cooper ordenó el cierre de todos los bares de Carolina del Norte. Dos meses después, firmó una nueva orden ejecutiva que permitía reabrir los bares dentro de los restaurantes, pero exigía que los demás permanecieran cerrados.
La primera orden ejecutiva podría haber sido razonable, pero la segunda era irracional, según la Corte de apelaciones,
Los abogados del estado argumentaron que la sentencia era errónea porque las órdenes de Cooper que obligaban a cerrar los bares, pero luego permitían que algunos permanecieran abiertos, eran legales porque estaban "racionalmente relacionadas con un propósito gubernamental adecuado".
En la nueva sentencia de la Corte Suprema de Carolina del Norte en el caso Howell contra Cooper, la mayoría de la corte consideró que quienes impugnaban las órdenes ejecutivas tenían pruebas suficientes "para respaldar las supuestas violaciones de su derecho a ganarse la vida".
La corte también rechazó la alegación del estado de que la demanda estaba prohibida por la inmunidad soberana.
La inmunidad soberana es una doctrina jurídica que impide que los gobiernos sean demandados a menos que acepten ser demandados. La inmunidad soberana de los estados de EE. UU. está consagrada en la 11.ª Enmienda de la Constitución de EE. UU.
La mayoría de la corte dijo que, aunque la pandemia "fue un periodo caótico", el gobernador "no era la única persona que se enfrentaba a la incertidumbre".
Los propietarios de pequeñas empresas cerraron y redujeron sus operaciones sin saber cuándo podrían reabrir o volver a funcionar plenamente.
"Ellos tampoco sabían lo que les deparaba el futuro y no podían beneficiarse de la retrospectiva. Muchos se vieron obligados a despedir a empleados, agotar sus reservas de efectivo, solicitar préstamos no deseados o cerrar definitivamente", dijo la mayoría de la corte.
El hecho de que la Constitución estatal consagre el derecho fundamental a los frutos del propio trabajo significa que "la promesa básica de la Constitución estatal es que las regulaciones gubernamentales de este derecho están sujetas a escrutinio".
Puede que las restricciones impuestas por el gobernador a los bares fueran necesarias, pero la constitución estatal permite a los demandantes "la oportunidad de ponerlas a prueba", dijo la mayoría de la corte.
En una opinión disidente en el caso Howell v. Cooper, la juez Anita Earls afirmó que la mayoría de la corte "se concede a sí misma una licencia para cuestionar las decisiones políticas, sopesar las ventajas y desventajas y sustituir las decisiones tomadas adecuadamente por los poderes políticos".
La juez Allison Riggs presentó una opinión parcialmente disidente en el caso North Carolina Bar and Tavern Association v. Stein.
La corte inferior cometió un error al rechazar el argumento del estado de que la demanda debía ser desestimada por motivos de inmunidad soberana, dijo.
La Asociación de Bares y Tabernas calificó la sentencia en su caso como una "gran victoria".
"Desde el principio, nunca pedimos un trato especial, solo un trato igualitario", dijo el presidente de la asociación, Zack Medford.
The Epoch Times se puso en contacto con el fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, para pedir comentarios.
No se recibió respuesta antes de la publicación.
Con información de Zachary Stieber y The Associated Press.
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