La Corte Suprema tiene otra ronda de casos importantes programados para diciembre, con argumentos orales previstos sobre la pena de muerte, los gastos de campaña, la libertad religiosa y el poder presidencial.
Uno de los casos del mes será el 8 de diciembre, Trump contra Slaughter, que se centra en la capacidad del presidente para destituir a altos funcionarios sin la interferencia del Congreso.
Este caso surgió a raíz de la denuncia de Rebecca Slaughter, miembro de la Comisión Federal de Comercio, quien alegó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al despedirla sin causa justificada.
Las cortes inferiores han bloqueado repetidamente los despidos de Trump, al tiempo que han señalado la decisión de la Corte Suprema de 1935 en el caso Humphrey's Executor contra Estados Unidos.
Ese precedente respaldaba la capacidad del Congreso para establecer límites a las razones que los presidentes podían esgrimir para despedir a miembros de determinadas agencias, como la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Se espera que la Corte Suprema considere si ese precedente debe ser revocado. Su decisión final podría afectar la forma en que Trump y los futuros presidentes lleven a cabo su agenda.
Se espera que en enero de 2026 se celebre un caso relacionado con el intento de Trump de despedir a un miembro de la Reserva Federal.
Junto con los aranceles de Trump, cuya vista oral está prevista para noviembre, estos casos suponen tres vistas orales que la Corte Suprema ya ha fijado para los casos de Trump en el período 2025-2026.
El calendario recientemente publicado por la corte muestra que también se le presentarán múltiples temas candentes.
En concreto, la Primera Enmienda está siendo objeto de un examen más detenido en un caso sobre un centro de embarazo provida y en otro que involucra a un controvertido predicador callejero.
Prevista para el 2 de diciembre, la causa First Choice Women's Resource Centers v. Platkin se refiere a la objeción de un centro de embarazo basado en la fe al intento del estado de Nueva Jersey de citar a declarar a sus donantes.
La Corte Suprema debe considerar si exigir esos nombres coartaría el derecho de los donantes, amparado por la Primera Enmienda, a donar dinero a la organización.
En el caso Comité Senatorial Republicano Nacional contra Comité Electoral Federal, los republicanos están librando otra batalla por el dinero de los donantes, pero de una manera diferente.
El caso, que fue presentado inicialmente por el entonces candidato al Senado J.D. Vance, cuestiona si una ley federal de financiación de campañas electorales viola la Primera Enmienda al restringir el gasto coordinado entre un partido y un candidato a un cargo público. La vista oral está prevista para el 9 de diciembre.
El 3 de diciembre se celebrará otro caso religioso relacionado con la Primera Enmienda.
Más concretamente, el caso Olivier contra la ciudad de Brandon está llevando a la Corte a considerar cómo pueden los estadounidenses hacer valer su derecho a la libertad de expresión.
El predicador callejero Gabriel Olivier fue acusado de violar una ordenanza municipal de Misisipi que limita los lugares donde se puede protestar.
Después de declararse inocente y ser condenado, intentó presentar una demanda civil alegando que el gobierno había violado sus derechos civiles.
La Corte Suprema debe considerar si usted puede presentar esa demanda o si el éxito de la misma implicaría que su condena anterior era inválida.
Otro caso, conocido como Hamm contra Smith, está previsto para el 10 de diciembre y se centra en la prohibición de la Octava Enmienda de los castigos crueles e inusuales.
En 2002, la Corte Suprema interpretó que la enmienda prohibía la ejecución de personas con discapacidad intelectual.
En el caso que llegará a la Corte Suprema en diciembre, se espera que los jueces debatan cómo deben las cortes sopesar múltiples puntuaciones de coeficiente intelectual a la hora de determinar si los delincuentes tienen una discapacidad suficiente como para evitar la pena de muerte.
Otros casos que se presentarán ante la corte se centran en solicitudes de asilo para inmigrantes y violaciones de derechos de autor.
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