La administración Trump obtuvo el viernes una importante victoria legal cuando una Corte federal de apelaciones levantó una orden que impedía al gobierno recortar el personal de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), allanando el camino para cambios radicales en el organismo de control financiero.
En una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia anuló el 15 de agosto la orden judicial preliminar emitida por la jueza federal Amy Berman Jackson, quien en abril consideró que la administración estaba "involucrada en un esfuerzo ilegal para desmantelar y eliminar" la CFPB. La mayoría sostuvo que las reclamaciones laborales presentadas por los demandantes —el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), que representa al personal de la CFPB— deben tramitarse a través de los canales laborales federales y que el resto de las alegaciones no implicaban una acción definitiva de la agencia susceptible de revisión en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Con esta decisión, la Administración recuperó un amplio margen de maniobra para reestructurar —o reducir— la agencia, creada por el Congreso tras la crisis financiera de 2008.
La sentencia puso fin a seis meses de un rápido litigio que comenzó poco después de que el presidente Donald Trump nombrara a Russell Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto, director en funciones de la CFPB a principios de febrero.
En cuestión de días, sindicatos y grupos de consumidores acusaron a Trump de intentar "eliminar totalmente" la CFPB y alegaron que Vought estaba "actuando con rapidez" para llevar a cabo sus instrucciones al ordenar el cese de la labor de control y supervisión del organismo, negarse a recurrir a la financiación estatutaria de la Oficina procedente de la Reserva Federal y cerrar su sede en Washington.
"No nos quedaremos de brazos cruzados mientras esta administración destruye la agencia que protege a las personas mayores, los veteranos, los militares en servicio activo y todos los consumidores estadounidenses", declaró en aquel momento la presidenta nacional de la NTEU, Doreen Greenwald, en un comunicado. "Los empleados de la CFPB son profesionales no partidistas que juraron defender la Constitución... Impedirles el acceso a sus puestos de trabajo o despedirlos es un regalo para los prestamistas abusivos y los actores sin escrúpulos que se aprovechan de los consumidores".
Los demandantes argumentaron que las directivas de Vought violaban los mandatos de la Ley Dodd-Frank para la CFPB y usurpaban la autoridad del Congreso para crear, financiar y dirigir la misión de las agencias federales. Solicitaron medidas de emergencia para detener lo que denominaron un "cierre" de la oficina, citando impactos como la cancelación de contratos, la suspensión del sistema de quejas de los consumidores y el despido de docenas de empleados en período de prueba.
Vought y otros funcionarios calificaron las medidas como una pausa legal y temporal para reevaluar las prioridades de la CFPB bajo el nuevo liderazgo. Afirmaron que la administración podía establecer agendas de aplicación, racionalizar las operaciones y centrarse en las funciones "exigidas por la ley", presentando los cambios como parte de un impulso para lograr un gobierno más "racionalizado y eficiente", y no como un intento de abolir la agencia.
El 28 de marzo, tras dos días de audiencias probatorias, la jueza Jackson se puso del lado de los demandantes y escribió que el expediente demostraba que la administración estaba actuando para "eliminar la agencia antes de que la corte tuviera la oportunidad de decidir si la ley les permitía hacerlo". Ordenó la reincorporación de los empleados despedidos, prohibió nuevas reducciones de plantilla, levantó la orden de suspensión del trabajo y exigió a la Oficina de Atención al Consumidor de la CFPB que mantuviera en funcionamiento su línea telefónica gratuita y su base de datos de reclamaciones.
El Departamento de Justicia recurrió y, el 11 de abril, la Corte de Apelación del Distrito de Columbia suspendió parcialmente la orden judicial de Jackson. La suspensión permitió que se procediera con los despidos y los paros laborales si la CFPB determinaba, tras una "evaluación detallada", que los empleados o las funciones afectados eran innecesarios para el cumplimiento de sus funciones legales. Días más tarde, la agencia emitió avisos de reducción de plantilla a más del 80 por ciento de su personal, lo que provocó nuevas disputas sobre si la administración estaba cumpliendo con la orden judicial.
En la decisión del viernes, los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao concluyeron que las reclamaciones relacionadas con el empleo de la NTEU entran en el ámbito de la Ley de Reforma de la Función Pública, que canaliza las disputas sobre el personal federal a través de la Junta de Protección del Sistema de Méritos y la Autoridad Federal de Relaciones Laborales. Ese marco, dijeron, excluye la jurisdicción de las cortes de distrito sobre esas reclamaciones. La mayoría también consideró que la teoría del "cierre" de los demandantes agrupaba una serie de decisiones de gestión, pero no señalaba una acción discreta y definitiva de la agencia que pudiera ser revisada en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En una opinión disidente, la jueza Cornelia Pillard argumentó que las medidas del gobierno iban mucho más allá del establecimiento de prioridades habitual al inicio de una presidencia.
"El liderazgo elegido por el presidente para la CFPB puede dirigir la Oficina como considere que mejor sirve al interés público", escribió. "Pero no es en absoluto discrecional del presidente ni de sus designados decidir que el país se beneficiaría más si no existiera la Oficina".
La CFPB, creada por el Congreso en 2010 como parte de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, tiene amplios poderes para hacer cumplir las leyes federales de financiación al consumo, supervisar a los grandes bancos y prestamistas no bancarios y responder a las quejas de los consumidores. Sus defensores le atribuyen el mérito de devolver miles de millones de dólares a los consumidores, mientras que sus detractores afirman que ejerce un poder regulador excesivo con muy poca rendición de cuentas.
The Epoch Times se puso en contacto con la NTEU para recabar sus comentarios sobre la sentencia, que elimina un importante obstáculo legal para que la Administración Trump reforme la oficina en línea con sus objetivos políticos.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
