El 2 de septiembre, una corte federal de apelaciones dividido restituyó a Rebecca Slaughter como miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC) después de que el presidente Donald Trump la destituyera del cargo.
La sentencia es el último suceso en el esfuerzo continuo del presidente por destituir al personal de las agencias federales independientes, cuyos miembros tradicionalmente han estado protegidos contra el despido sin causa justificada.
Slaughter, antigua asesora jurídica del senador Chuck Schumer (D-N.Y.), fue nombrada por primera vez para un puesto reservado a los demócratas en la FTC por Trump en 2018 y luego reelegida en 2023 por el presidente Joe Biden.
Trump despidió a Slaughter a principios de este año. En una carta en la que explicaba la decisión, la Casa Blanca afirmó que mantenerla en el cargo sería incompatible con las prioridades de la administración Trump.
El 17 de julio, la jueza federal Loren L. AliKhan dictaminó que el despido de Slaughter era ilegal porque violaba un precedente de la Corte Suprema de 1935 conocido como Albacea de Humphrey vs Estados Unidos. Ese precedente confirmaba las limitaciones legales que el Congreso imponía a la destitución de miembros de la FTC, una agencia federal independiente.
La administración Trump había pedido a la corte que ignorara el precedente y "apruebe lo que equivale a la anulación implícita de un precedente vinculante, unánime y con noventa años de antigüedad", afirmó en ese momento. "Dado que 'es prerrogativa exclusiva de la Corte [Suprema] anular uno de sus precedentes', el tribunal no puede cumplir esa solicitud y no lo hará".
El 2 de septiembre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia votó por 2 a 1 a favor de confirmar la sentencia de AliKhan.
Aunque un miembro de la FTC solo puede ser destituido por "ineficiencia, negligencia en el cumplimiento de sus funciones o malversación en el cargo", el panel determinó que Trump la despidió sin causa justificada.
El panel denegó la moción del gobierno de suspender la sentencia del tribunal de distrito en espera de la apelación.
"El gobierno no tiene posibilidades de éxito en la apelación, dados los precedentes de la Corte Suprema que controlan y se refieren directamente al caso", dijo el panel, citando la protección de remoción por causa prevista en la Ley de la Comisión Federal de Comercio para los miembros de la FTC y el Albacea de Humphrey.
Aunque el gobierno argumenta que la protección contra la destitución por causa justificada infringe el poder que el artículo II de la Constitución otorga al presidente, "esa misma cuestión ya fue planteada y respondida por unanimidad por la Corte Suprema" en el Albacea de Humphrey, afirmó el tribunal.
Desde esa sentencia, el alto tribunal "ha rechazado expresamente en cinco ocasiones reconsiderar el Albacea de Humphrey, incluida una tan reciente como 2021", afirmó el tribunal.
La jueza de circuito Noemi Rao presentó una opinión disidente.
Rao afirmó que, en este caso, después de que el presidente despidiera a Slaughter, la corte de distrito consideró que el despido era ilegal y ordenó su reincorporación, junto con "una orden judicial permanente y general que... ordenaba a todo el personal de la agencia tratar a la funcionaria como si nunca hubiera sido destituida por el presidente".
En "dos casos prácticamente idénticos", la Corte Suprema ha suspendido mandamientos similares, afirmó.
Rao se refería al caso Trump contra Boyle, en el que la Corte Suprema confirmó el despido por parte de Trump de tres personas nombradas por Biden en la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo. En el caso Trump contra Wilcox, la corte superior confirmó el despido por parte de Trump de personas nombradas por Biden en la Junta de Protección del Sistema de Méritos y la Junta Nacional de Relaciones Laborales.
Aunque Slaughter es miembro de la FTC y el Albacea de Humphrey impone restricciones a la destitución de los miembros de la FTC, Rao dijo que apoyaba la posición de la administración Trump en este caso.
Rao dijo que la comisión "ejerce un poder ejecutivo significativo" y que otros factores también favorecen al gobierno.
En el caso Trump contra Wilcox, la Corte Suprema falló a favor de la administración Trump, afirmando que el gobierno "se enfrenta a un mayor riesgo de perjuicio por una orden que permite a un funcionario destituido seguir ejerciendo el poder ejecutivo que el que se enfrenta un funcionario destituido injustamente por no poder desempeñar sus funciones legales", afirmó.
Rao afirmó que habría suspendido la orden de la corte de distrito porque la Corte de Circuito de D.C. está obligado a ejercer su discreción de acuerdo con las directrices de la Corte Suprema.
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