Una corte federal de apelaciones dictaminó el miércoles que dos grupos tribales no pueden presentar una demanda por discriminación electoral contra el estado de Dakota del Norte en virtud de una ley de derechos civiles, una decisión que tendrá repercusiones en siete estados del Medio Oeste.
En una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos, con sede en St. Louis, dictaminó que los demandantes privados no pueden utilizar la sección 1983, una ley promulgada en la era de la Reconstrucción tras la Guerra Civil, como medio para hacer cumplir las protecciones consagradas en la Ley de Derechos Electorales (VRA).
La decisión fue en respuesta a una demanda judicial presentada en 2022 por la tribu Turtle Mountain Band of Chippewa Indians, la tribu Spirit Lake Tribe y tres votantes contra la Secretaría de Estado de Dakota del Norte por un plan de redistribución de distritos aprobado por la Asamblea Legislativa en 2021.
La sentencia debilita aún más el poder de los votantes en Arkansas, Iowa, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur, según el Campaign Legal Center, que representó a las tribus en el recurso judicial.
"Esta decisión socava gravemente la Ley del Derecho al Voto y es contraria tanto a la intención del Congreso al promulgar la ley como a décadas de jurisprudencia de la Corte Suprema que afirma el poder de los votantes para hacer cumplir la ley en los tribunales", dijo Mark Gaber, director senior de redistribución de distritos del centro, en un comunicado.
"Si se mantiene intacta, esta decisión radical obstaculizará la ley electoral antidiscriminatoria más importante, al dejar su aplicación en manos de abogados del gobierno, cuyas filas se están reduciendo actualmente. El Campaign Legal Center seguirá luchando para defender la VRA y garantizar mapas justos".
Gaber no indicó si el centro presentará más recursos, pero los demandantes podrían solicitar al pleno del Octavo Circuito que vuelva a examinar el caso o llevarlo a la Corte Suprema.
La gran mayoría de los casos relacionados con la Ley de Derechos Electorales son presentados por particulares.
La última sentencia se produce después de que el mismo tribunal de apelación restringiera la capacidad de los votantes para presentar demandas contra los mapas electorales cuando dictaminó en 2023 que solo el Departamento de Justicia, y no los demandantes privados, pueden interponer demandas para hacer cumplir la sección 2 de la Ley del Derecho al Voto.
Esa disposición prohíbe las prácticas o procedimientos electorales que discriminen por motivos de raza, color o pertenencia a un grupo lingüístico minoritario.
Un juez federal da la razón a las tribus en una demanda por la redistribución de distritos
Los defensores de los derechos civiles optaron el año pasado por no apelar la sentencia de 2023 ante la Corte Suprema, alegando la existencia de un mecanismo alternativo para hacer cumplir las garantías de voto de la sección 2 de la VRA.Esa vía era la sección 1983, una ley de derechos civiles de 1871 que otorga a las personas la facultad de presentar una demanda ante una corte federal contra los funcionarios estatales y locales que violen sus derechos constitucionales u otros derechos protegidos por el gobierno federal.
Un juez federal de Dakota del Norte se basó en la misma ley federal de derechos civiles en 2023 cuando se puso del lado de Turtle Mountain Band of Chippewa Indians, la tribu Spirit Lake Tribe y los votantes al sostener que el plan de redistribución de distritos del estado para 2021 diluía ilegalmente el poder de voto de las tribus nativas americanas.
Sin embargo, el juez de circuito Raymond Gruender, en nombre de la mayoría en la decisión del miércoles, dijo que el Congreso no se pronunció con "voz clara" que "manifestara una intención inequívoca de conferir derechos individuales" en la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales que pudiera hacerse valer a través de la sección 1983.
Gruender, al considerar que los demandantes no tienen causa de acción, añadió que el tribunal de distrito se equivocó en su decisión de 2021.
Anuló la sentencia de la corte de distrito y desestimó la demanda de las tribus.
En una opinión disidente, el juez presidente de la corte de apelaciones Steven Colloton escribió que la mayoría se había equivocado, señalando la larga historia de más de 400 demandas que han dado lugar a decisiones judiciales dictadas en virtud de la sección 2 de la Ley del Derecho al Voto desde 1982.
Señaló que la sección 1983 establece que las personas pueden demandar si son objeto de "la privación de cualquier derecho, privilegio o inmunidad garantizados por la Constitución y las leyes".
"La referencia a 'y las leyes' abarca cualquier ley de Estados Unidos", escribió Colloton.
The Epoch Times se puso en contacto con la Oficina del Secretario de Estado de Dakota del Norte para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
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