El exdirector del FBI James Comey pidió a un juez federal que desestime la imputación del Departamento de Justicia en su contra, basándose en que la administración Trump llevó a cabo un proceso judicial vengativo y selectivo, además de utilizar a un fiscal designado ilegalmente.
Dos mociones presentadas el 20 de octubre mostraban a Comey y a sus abogados alegando que Trump había iniciado un proceso contra uno de sus enemigos políticos tras múltiples investigaciones, y las mociones afirmaban que los fiscales habían dicho anteriormente que no había pruebas suficientes.
Al hacerlo, argumentó Comey, la administración Trump violó múltiples aspectos de la Constitución, incluidas las cláusulas del debido proceso y de los nombramientos.
"La solución adecuada para este proceso judicial inconstitucional es la desestimación con perjuicio", dijeron Comey y sus abogados.
Comey fue acusado de dos cargos —realizar una declaración falsa al Congreso y obstrucción en un caso penal— con la posibilidad de cumplir una pena de prisión.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por The Epoch Times.
Al anunciar la acusación el 25 de septiembre, la fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, dijo que "los cargos alegados en este caso representan un abuso de confianza pública de un nivel extraordinario".
“El equilibrio de poderes es un principio fundamental de nuestra democracia y se basa en la rendición de cuentas y en la presentación sincera de los hechos por parte del liderazgo ejecutivo ante la supervisión del Congreso”, añadió.
“Cualquier intento de evitar, eludir, impedir u obstruir el cumplimiento es una violación de la responsabilidad profesional y, lo que es más importante, de la ley”.
Las dos mociones de Comey se centraron en los posteos del presidente Donald Trump en Truth Social, en particular una en la que parecía expresar su frustración a la fiscal general Pam Bondi.
“Pam: He revisado más de 30 declaraciones y posteos que dicen, en esencia, ‘la misma historia de siempre, todo son palabras y nada de hechos’. No se está haciendo nada. ¿Qué pasa con Comey, [el senador estadounidense] Adam "Shifty" Schiff, [la fiscal general de Nueva York] Leticia [James]? Todos son culpables, pero no se va a hacer nada", dijo Trump en un posteo del 20 de septiembre.
"¡¡¡SE DEBE HACER JUSTICIA, YA!!!".
El posteo del presidente se produjo poco después de que el exfiscal interino Erik Siebert abandonara la Fiscalía del Distrito Este de Virginia.
Menos de dos días después, Bondi nombró a Halligan, asesor de la Casa Blanca, para ocupar el puesto de Siebert. Comey fue acusado con una imputación que Halligan firmó el 25 de septiembre.
“El nombramiento de última hora por parte del presidente Trump de un aliado político con el propósito expreso de procesar a un crítico de larga data, acompañado de un posteo en las redes sociales en el que se presionaba al Departamento de Justicia para que presentara cargos, es una prueba decisiva de que el gobierno no habría procesado al Sr. Comey si no fuera por su ‘expresión de ideas’ que no gustaban al presidente Trump”, dice una de las mociones de Comey.
"Esa secuencia de acontecimientos públicos proporciona pruebas más que suficientes para que este tribunal concluya que la animadversión del presidente Trump fue la causa determinante de la decisión del Gobierno de procesar al Sr. Comey".
La imputación contra Comey se centró en su presunto falso testimonio ante el Comité Judicial del Senado en septiembre de 2020.
El senador Ted Cruz (R-Texas) había preguntado a Comey sobre el testimonio que había prestado en 2017 ante el entonces presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (R-Iowa).
Comey alegó el 20 de octubre que la imputación tergiversaba su respuesta a Cruz y, por lo tanto, era defectuosa.
Comey dijo que el nombramiento de Halligan no era válido porque violaba el plazo legal para nombrar a un nuevo fiscal.
Bondi había invocado el artículo 28 U.S.C. Sección 546 cuando nombró a Halligan. Esa ley permite generalmente al fiscal general cubrir los puestos vacantes de fiscal federal y les permite permanecer en ese cargo durante 120 días o hasta que el Senado confirme a un candidato.
Añade que, cuando transcurren los 120 días, la corte de distrito de ese distrito en particular puede nombrar a un fiscal federal para cubrir la vacante.
En los documentos presentados ante la corte, Comey dijo que Siebert ya había sido nombrado y que habían transcurrido 120 días desde su nombramiento.
“En lugar de esperar la selección de la corte de distrito, la fiscal general pretendió nombrar a la Sra. Halligan, a pesar de que el plazo de 120 días ‘tras el nombramiento por parte del fiscal general en virtud de esta sección’ había expirado hacía mucho tiempo”, dice su moción, citando la ley.
Añadió que la administración no había cumplido la cláusula de nombramientos de la Constitución al no obtener algún tipo de participación o confirmación del Congreso.
Con información de Joseph Lord
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