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El avión Boeing 737 MAX en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, en Farnborough, Inglaterra, el 20 de julio de 2022. (Peter Cziborra/Reuters)

El avión Boeing 737 MAX en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, en Farnborough, Inglaterra, el 20 de julio de 2022. (Peter Cziborra/Reuters)

Boeing firma acuerdo de USD 1100 millones en caso de choque del 737 MAX y admite fraude penal

La admisión de fraude permite a Boeing evitar un juicio penal por los accidentes ocurridos en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas.

ESTADOS UNIDOSPor Tom Ozimek
6 de junio de 2025, 3:27 p. m.
| Actualizado el6 de junio de 2025, 3:27 p. m.

Boeing firmó un acuerdo de 1100 millones de dólares con el Departamento de Justicia (DOJ) que permite al gigante aeroespacial evitar ser procesado penalmente por engañar a los reguladores federales antes de dos accidentes mortales del 737 MAX.

Bajo un acuerdo definitivo de no enjuiciamiento, firmado el 29 de mayo y revelado en un documento presentado el 4 de junio ante la Comisión de Bolsa y Valores, Boeing admitió haber conspirado para defraudar a la Administración Federal de Aviación (FAA) y acordó pagar casi 500 millones de dólares a las familias de las 346 víctimas de los accidentes, además de multas adicionales e inversiones en seguridad y cumplimiento normativo.

El acuerdo, que está pendiente de la aprobación judicial definitiva, exige a Boeing pagar 487.2 millones de dólares en multas, crear un nuevo fondo de compensación para las víctimas de 444.5 millones de dólares e invertir 455 millones de dólares en reforzar los programas de cumplimiento y seguridad. Como parte del acuerdo, el consejo de administración de la empresa también debe reunirse directamente con las familias de las víctimas de los accidentes. La mitad de las multas ya se pagaron en virtud de un acuerdo de 2021.

El acuerdo permite a Boeing retirar una declaración de culpabilidad presentada anteriormente, una disposición que ha generado objeciones por parte de las familias de las víctimas fallecidas en los accidentes de 2018 y 2019.

El Departamento de Justicia presentó una moción para que se desestime el caso contra Boeing, según un documento judicial del 2 de junio. El juez federal Reed O'Connor dictó ese mismo día una orden por la que se cancelaba el juicio, cuyo inicio estaba previsto para el 23 de junio.

La admisión de conducta delictiva por parte de Boeing es una concesión pública poco habitual por parte de una gran empresa y permite a los fiscales volver a presentar cargos si la empresa incumple el acuerdo.

El fabricante de aviones fue acusado de engañar a la FAA sobre características críticas del 737 MAX antes de que el avión fuera certificado para volar. La empresa no informó ni a la FAA ni a los pilotos de las aerolíneas sobre un nuevo sistema de control de vuelo, conocido como Sistema de Aumento de las Características de Maniobra (MCAS), que podía empujar automáticamente la nariz del avión hacia abajo si recibía datos erróneos de un solo sensor que indicaban una posible pérdida de sustentación.

El MCAS desempeñó un papel fundamental en dos accidentes mortales en Indonesia y Etiopía, durante los cuales las lecturas erróneas de los sensores activaron la orden de descenso y los pilotos no pudieron recuperar el control. Tras el segundo accidente en 2019, las autoridades aeronáuticas inmovilizaron el 737 MAX hasta que Boeing rediseñó el software.

En 2021, el Departamento de Justicia acusó a Boeing de conspiración para defraudar a la FAA, alegando que la empresa había ocultado información clave sobre el MCAS y había engañado a los reguladores sobre el nivel de formación requerido para los pilotos. Los fiscales acordaron aplazar los cargos en virtud de un acuerdo que obligaba a Boeing a pagar 2500 millones de dólares, incluida una multa penal de 243.6 millones de dólares, y a aplicar reformas para evitar futuras violaciones de las leyes federales contra el fraude.

Sin embargo, en 2023, los fiscales federales concluyeron que Boeing había violado los términos del acuerdo de enjuiciamiento diferido al no llevar a cabo las reformas prometidas. En respuesta, Boeing acordó en julio de 2024 declararse culpable del delito grave original, con el objetivo de evitar un largo juicio público.

Ese acuerdo judicial fue rechazado en diciembre de 2024 por O'Connor, quien expresó su preocupación por que las políticas de diversidad, equidad e inclusión de Boeing y del Gobierno pudieran influir indebidamente en la selección de un supervisor del cumplimiento. El juez argumentó que tales consideraciones podían socavar la confianza del público en el acuerdo y en el proceso de supervisión.


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